El anuncio de construir un Estado al servicio de los ciudadanos podría convertirse en la reforma más importante del quinquenio de la presidenta Keiko Fujimori. No porque implique revisar cuántas oficinas públicas hay, sino porque obligará a replantear qué significa, a fin de cuentas, ser un ciudadano del siglo XXI en medio de una democracia cuya legitimidad ya no solo reposa en el rito electoral.
Hablar del Estado nos acerca con frecuencia a una visión basada en lo inmobiliario, desde la lógica de sus oficinas, pero hoy resulta mandatorio pensarlo desde la experiencia cotidiana de quienes interactuamos con él.
Porque, en tiempos de IA, la legitimidad de las democracias no descansa únicamente en el origen electoral del poder, sino también en la capacidad de resolver, de manera oportuna y confiable, los problemas cotidianos de las personas.
Por eso, cuando la presidenta anunció en su mensaje de apertura de su gobierno, la construcción de una administración pública enfocada en la ciudadanía, definió quizá sin decirlo expresamente el principal desafío de los próximos 1.826 días: recuperar la legitimidad democrática a partir de la calidad de los servicios públicos.
No es una empresa menor si se considera que un ciudadano tarda pocos minutos en perder la confianza en la “democracia” cuando un trámite demora meses, una inversión queda atrapada en autorizaciones interminables, o una plataforma digital termina pidiendo que el usuario imprima un documento para volver a escanearlo.
Por eso resulta acertado que el nuevo gobierno haya colocado sobre la mesa la simplificación regulatoria al costado de la digitalización como herramienta para impulsar inversión, productividad y bienestar. Sin embargo, digitalizar no consiste únicamente en convertir formularios de papel en archivos PDF. Significa rediseñar procesos completos, aprovechando interoperabilidad de redes, inteligencia artificial, y datos centrados en las necesidades reales de las personas.
Y aunque el discurso de la presidenta aludió a la identidad digital, es claro que lo que se busca es implementar una real ciudadanía digital. Consideremos que la primera idea se asocia más con activos digitales como un token, una llave, un chip o cualquier mecanismo que permita demostrar quiénes somos en una transacción digital. Mientras que, la segunda, se asocia con lo que podemos hacer gracias a esa llave digital: estudiar, emprender, acceder a salud, justicia, educación, beneficios sociales o participar del gobierno.
Por ello, desregular para lograr un Estado más simple y cercano vía la tecnología, implica definir qué ciudadanía digital nos merecemos. La futura autoridad nacional digital –que quizá debería llamarse autoridad nacional de digitalización (AND)– no debería limitarse a administrar plataformas tecnológicas. Su misión debería ser diseñar el paquete de servicios públicos críticos que hagan útil esa identidad digital, a través del ejercicio de derechos y deberes digitales. Además, esa AND debería contar con real capacidad de ejecución. Sin ‘enforcement’ y un ecosistema institucional público-privado bien articulado, el riesgo es crear otra agencia más dedicada a coordinar reuniones sobre coordinación.
El Perú habrá dado un paso decisivo hacia un Estado moderno si dentro de cinco años los ciudadanos controlamos mejor nuestras vidas gracias a más problema resueltos, pero, sobre todo, porque habremos empezado a dar una nueva legitimidad al hecho de vivir en democracia en tiempos de mayor incidencia ciudadana vía lo digital.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Cusco
