Una leyenda sobre un país en el que los estragos de los desastres naturales se convierten en historia circular, a pesar de que sus gobernantes son avisados con antelación, pareciera reservada a la ficción. Sin embargo, no se ha encontrado en la literatura universal una historia que recoja este acontecer. Y es que, quizá, el nivel del despropósito es tal que ni mentes de literatos de gran ingenio pudieron recrearlo. ¿Cómo le habría llamado Borges a un cuento suyo con una historia como esta? Y si usted, lector, observa exageración en lo señalado, permítame enumerarle algunas situaciones fácticas que pueden ayudar a dar crédito a esta conjetura.
Por motivos de espacio, me enfocaré en Piura, región que visitamos varios gremios empresariales en días pasados. Nos reunimos con congresistas, autoridades del Gobierno Central, directivos de la Cámara de Comercio de la región, académicos, periodistas, entre otros. Lamentablemente, ni siquiera dentro de ese “entre otros” pudimos avistar a algún funcionario del gobierno regional, a algún alcalde o a algún representante delegado por estos. Desde el último FEN, estas autoridades han tenido tiempo suficiente para ejecutar las obras que eviten que los ríos se desborden, que las lluvias inunden las ciudades o que los huaicos caigan sobre ellas; sin embargo, se observa muy poco o casi nulo avance. En paralelo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se tomó casi una década para obtener la viabilidad técnica de los proyectos de drenajes pluviales de áreas urbanas y de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección en riberas vulnerables. Sus aprobaciones datan de junio y julio del 2026.
Algún “bienintencionado” defensor de estas autoridades, que nunca faltan, intentará justificar los retrasos atribuyéndolos a la falta de presupuesto. Habrá que darle la siguiente noticia: la región sumó cerca de S/4.000 millones entre canon, sobrecanon y regalías entre los años 2016 y 2025, y cuenta con un presupuesto superior a ese monto para obras por impuestos. Lo más lamentable es que el costo de esta falta de ejecución de obras de prevención podría ser mucho mayor que el del presupuesto no invertido: primero, en vidas humanas, que son invalorables, y luego, en daños a la propiedad y al aparato productivo de la región. Siendo así, no se entiende la comprobada incapacidad demostrada. Si bien ya no hay tiempo para ejecutar grandes obras, es imprescindible actuar rápido: proteger la vida, la integridad física y la salud de la población, y mitigar el impacto sobre la economía. Quedan apenas tres meses para ejecutar intervenciones puntuales y urgentes, como desbrozar, limpiar y profundizar cauces de ríos y ampliar el canal de desfogue en el caso del río Piura.
En el sector privado, existe una capacidad de despliegue ágil y estamos expectantes ante las necesidades. Sin embargo, es urgente que el Ejecutivo apruebe el decreto de urgencia que amplía el uso del mecanismo de servicios por impuestos, herramienta fundamental para que las intervenciones sean oportunas. Hagamos que la leyenda no sea más una realidad, que quede anclada en el pasado y que, con el tiempo, permanezca en el ámbito de la ficción.
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