¿Una luz al final del túnel?

Cuando un administrado presenta un trámite ante el Estado enfrenta dos escenarios. Si la entidad no responde dentro del plazo legal, rige el silencio administrativo positivo: una herramienta que lo protege, porque si la autoridad calla, se entiende que aprobó la solicitud. Pero existe también el silencio administrativo negativo, que funciona al revés: si la entidad guarda silencio, la petición se entiende denegada. Uno empodera al administrado; el otro, al Estado. Por eso, la regla es el silencio positivo, y la excepción, el negativo. El problema es que muchas entidades tienden a enamorarse de las excepciones.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El Indecopi resolvió un caso clave (resolución 0338-2025/CEB) en el que revisó procedimientos vinculados a autorizaciones para interferir vías por obras públicas o privadas y para ejecutar trabajos en áreas de uso público. Son trámites usados por empresas de servicios, constructoras y, en algunos casos, pequeños negocios que realizan trabajos menores –como instalar un anuncio o colocar andamios– que requieren ocupar temporalmente la vereda o interferir el espacio público. La municipalidad había calificado estos trámites con silencio negativo. Es decir, si la MML no respondía, la solicitud se entendía denegada. El administrado perdía.

¿Por qué resulta grave? La MML suele demorar en responder. Bajo el esquema creado, si no contestaba a tiempo –algo común–, el administrado quedaba automáticamente rechazado. No podía avanzar, iniciar una obra, cumplir un contrato o realizar mantenimiento sin quedar atrapado en la incertidumbre. Bastaba el silencio para que todo se paralizara. Lo que debía ser una excepción se convirtió en una regla que perjudicaba a miles.

El Indecopi encontró algo aún más preocupante: la MML no pudo explicar por qué estos trámites necesitaban silencio negativo. No acreditó riesgos reales ni evidencias que demostraran que aplicar silencio positivo –la regla general– pudiera afectar la salud, el ambiente o la seguridad ciudadana. Lo que presentó fueron supuestos hipotéticos que no justifican restringir un derecho. Además, muchos trámites que sí protegen la seguridad –como licencias de funcionamiento o edificación– operan con silencio positivo ¿Por qué entonces estas autorizaciones sí debían tener silencio negativo? La MML no lo justificó.

La resolución marca un precedente. Desde ahora, si la MML vuelve a demorarse, no podrá usar el silencio para perjudicar al administrado. Se aplica silencio positivo. Eso significa menos paralización, incertidumbre y arbitrariedad.

Y mientras este caso avanzaba, la PCM publicó los lineamientos 002-2025-PCM-SGP, que obligan a todas las entidades a revisar sus procedimientos con silencio negativo. Deben justificarlos con evidencia, demostrar que son verdaderamente excepcionales y, si no pueden hacerlo, eliminar el silencio negativo y migrar al silencio positivo. Por ahora, las entidades deben elaborar, hasta junio del 2026, un inventario de esos procedimientos y, luego, determinar cuáles cumplen los requisitos legales. Sobre el papel, esto debería significar el fin de cientos de procedimientos abusivamente calificados como negativos.

El problema es conocido: muchas municipalidades ni siquiera actualizan sus TUPA y otras aplican silencio negativo por costumbre o comodidad. Sin supervisión real, los lineamientos pueden convertirse en otra lista de buenas intenciones que nadie cumple.

¿Podrán los lineamientos enderezar años de abusos? ¿Quedarán reducidos al papel, mientras el silencio negativo afecta a quienes cumplen las reglas? La decisión de Indecopi es una luz. Falta ver si el Estado permite que esa luz llegue al final del túnel.