Voto rural

Los resultados de la última encuesta y simulacro de Datum ponen en evidencia la diferencia del comportamiento electoral en el voto rural. El nivel de indecisión en estas zonas es cuatro puntos superior al promedio nacional, lo que ya marca una primera diferencia relevante. Pero, más allá de la cifra, lo que importa es entender por qué ocurre.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) define como rural a todo centro poblado que no cuenta con al menos cien viviendas agrupadas de manera contigua ni es capital de distrito. Se trata de localidades pequeñas, centros poblados, caseríos, generalmente con menos de 2.000 habitantes, donde las viviendas se encuentran dispersas. A diferencia de las zonas urbanas, que se organizan en calles, manzanas y urbanizaciones, el territorio rural es fragmentado y más difícil de alcanzar. Según las proyecciones al 2025, el 17% de la población entre 18 y 70 años vive en estas zonas.

Representar adecuadamente a este segmento en una encuesta nacional no es un ejercicio mecánico. No basta con replicar la proporción urbano-rural del país. Se requiere un diseño muestral que capture la complejidad del territorio, que evite sesgos de subcobertura y que asegure presencia efectiva en espacios donde la ruralidad es real, pero dispersa. En ese sentido, la última encuesta de Datum –con 2.000 casos, la más grande publicada hasta ahora– incluyó 400 entrevistas en zonas rurales, una proporción mayor de la que correspondería estadísticamente, pero necesaria para lograr una lectura más precisa.

Esa decisión metodológica permite observar con mayor claridad que la intención de voto en el ámbito rural difiere de la urbana. Aunque existe dispersión, hay dos candidaturas que generan mayor interés: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En el caso de Fujimori, pesa el recuerdo de la gestión de Alberto Fujimori; en el de Sánchez, la asociación con Pedro Castillo, figura que mantiene resonancia en estos territorios.

Pero el factor más distintivo no es solo la preferencia, sino el proceso de decisión. En muchas comunidades rurales, el voto no es un acto estrictamente individual. Es, en cambio, un proceso colectivo. Se discute, se evalúa y, en algunos casos, se acuerda una decisión común. No es extraño que, ante la pregunta de intención de voto, los pobladores respondan que aún están esperando la visita de los candidatos para definir su posición. Más que propuestas abstractas, buscan presencia, contacto directo y reconocimiento de sus problemáticas.

Este comportamiento también está influido por una menor exposición a información política. La ausencia del Estado en muchos de estos territorios no solo se traduce en brechas de servicios, sino también en menores niveles de información y acceso a contenidos de campaña, al punto que el 72% de los electores en zonas rurales no distingue entre la Cámara de Senadores y la de Diputados (una cifra bastante mayor que la registrada en áreas urbanas) y, además, muestra menor disposición a utilizar el voto preferencial. En ese contexto, el vínculo directo con el candidato adquiere un peso mucho mayor que en las ciudades.

Sin embargo, es un error pensar en el voto rural como un bloque homogéneo. Aunque representa un porcentaje importante del electorado, no está concentrado en una sola región. Todos los departamentos del país tienen población rural, lo que genera una dispersión geográfica que complejiza su abordaje. Esta heterogeneidad hace que, sin una estrategia específica y bien estructurada, se replique el fenómeno de fragmentación del voto que también se observa en las zonas urbanas, aunque con una distribución distinta.

Entender el voto rural no es solo una cuestión metodológica, sino política. Ignorarlo o tratarlo como una extensión del voto urbano es perder de vista una parte significativa del electorado. En una elección fragmentada, donde cada punto cuenta, comprender estas dinámicas puede marcar la diferencia.