Editorial 2: La mala administración

En su afán por replantear el sistema de pensiones, la comisión del Congreso designada para tal fin aprobó el lunes –con seis votos a favor y dos en contra– una propuesta controversial: que sea el Estado quien administre y defina el lineamiento de inversión para los fondos previsionales.

Así, sin consultar a los titulares de los ahorros, los fondos que hoy son resguardados por las AFP pasarían a manos de una institución pública.

En otras palabras, se pide a los afiliados confiar en un Estado que tiene en su haber un historial de mal administrador en general y en el tema pensionario, en particular. Ya en la década de 1980, el Instituto Peruano de Seguridad Social tuvo esa función y decidió invertir los ahorros en activos de baja rentabilidad, pero que generaban un beneficio político inmediato. Ese sistema público, aunado a la hiperinflación de la época, trajo consigo “grandes déficits que llevaron, en definitiva, a la quiebra del sistema de pensiones”, como recuerda un informe del Parlamento.

Por añadidura, la comisión también aprobó que esta nueva entidad se mantenga adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros hasta que se consiga su autonomía mediante una reforma constitucional. Con ello, el riesgo de un manejo político de los fondos sería más que evidente.

Como han advertido voces autorizadas, tal como está planteada, la iniciativa deja abierta la posibilidad de que el Estado defina, por ejemplo, una inversión mayoritaria en bonos públicos para financiar proyectos poco rentables. Una historia similar ha ocurrido ya en países como Argentina y El Salvador con consecuencias nefastas.

Preocupa, finalmente, que al ser consultada ayer por este Diario sobre las evidentes falencias que exhibe la propuesta (que, recordemos, no ha sido sometida a análisis técnico alguno), la titular de la comisión encargada de elaborarla, Carmen Omonte, alegase que esta todavía no está finiquitada y hasta cayese en flagrantes contradicciones. Es imprescindible hacer sonar la voz de alarma antes de que la representación nacional consagre semejante despropósito.