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Editorial: Por la puerta chica

Pedro Chávarry deja el cargo tras una gestión empapada de cuestionamientos y retrocesos.

Editorial

Pedro Chávarry

Ayer, el ahora ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, oficializó su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos.

Archivo El Comercio

Ayer, tras una semana de marchas y contramarchas respecto a la composición del equipo especial del Caso Lava Jato, que despertaron manifestaciones en su contra tanto de parte de la ciudadanía como de múltiples autoridades, Pedro Gonzalo Chávarry formalizó, ante la Junta de Fiscales Supremos, su renuncia como fiscal de la Nación. Una decisión necesaria, a la luz de la plétora de cuestionamientos que se han cernido sobre él desde su nombramiento, y lógica, ante sus últimas acciones a la cabeza del Ministerio Público.

El señor Chávarry ha elegido dejar el cargo de una forma que no ha sido sorpresiva: a través de una carta en la que busca posicionarse como una víctima. En esta, el fiscal ha aseverado que renuncia para evitar que se le use “como pretexto para que continúen estos ilegales actos” contra su institución y acusa que ha sido “víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias por parte de algunos congresistas”.

Una situación bastante alejada del mea culpa que debió surgir de una persona que, al aferrarse al puesto, le infligió mucho daño a la entidad que presidía y que busca sugerir, además, una campaña maliciosa en su contra, cuando todas las controversias y acusaciones que recaen sobre él se han justificado en hechos concretos. Los mismos que no dejaron de darse en la víspera de su dimisión pues, poco antes de formalizar su salida, surgió la revelación de que una de sus asesoras, la señora Rosa Venegas –ex congresista y asesora de la parlamentaria fujimorista Karina Beteta inmediatamente antes de trabajar para el fiscal–, profanó el lacrado de la oficina allanada de su coordinador parlamentario, Juan Manuel Duarte, presuntamente para sustraer documentos.

Pero es menester no olvidar que existen otras razones que exigían el paso al costado de Chávarry, distintas a las que él describe en la referida misiva. El señor, como dijimos en reiteradas ocasiones desde esta página, había mostrado especial interés por hostilizar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lava Jato, en el curso de sus investigaciones a Alan García y Keiko Fujimori. No es coincidencia, entonces, que ante la reposición de Pérez y Vela, se diera un repentino cambio de actitud del Apra y de Fuerza Popular hacia la presencia de Chávarry en el cargo: el partido de la estrella aseveró que su permanencia era insostenible y la lideresa de la bancada naranja expresó su apoyo a la medida del presidente Martín Vizcarra de declarar en emergencia el Ministerio Público. Ambas bancadas habían, hasta ese momento, mostrado un férreo apoyo a su trabajo y defendido la pertinencia de la remoción original de Pérez y Vela.

Era de esperarse, agotada por completo la legitimidad de Chávarry, que se disipen los intereses políticos que abogaban por su permanencia en el puesto. En particular, de los que desde el Congreso habían dilatado los procesos en su contra y defendido el sentido de sus decisiones. A esto se suma el hecho de que las otras bancadas, más los cuatro restantes fiscales supremos, pidieron su renuncia; una coyuntura que hacía que, junto al rechazo enfático manifestado por la ciudadanía, rehusarse a dimitir fuera un disparate.

En este contexto, Pedro Chávarry deja el cargo por la puerta chica, apocado por la magnitud de sus desaciertos y abandonado por sus aliados. Sin duda otro capítulo oscuro en la historia del Ministerio Público que recién empezará a cerrarse cuando se dé curso a las acusaciones constitucionales que pesan en su contra y la justicia evalúe sus acciones encabezando la referida institución. Más aun porque la continuidad de Chávarry como fiscal supremo le otorga una mayoría en la junta a los magistrados sindicados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Desde este Diario esperamos que esta decisión impulse el avance firme en la lucha anticorrupción y en particular en el Caso Lava Jato y, sobre todo, una reflexión sesuda sobre las reformas que deben darse en todo nuestro sistema de administración de justicia.

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