A tontas y a locas

El problema que plantea la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es intrincado.

Por un lado, los elementos de convicción sobre el involucramiento del mandatario en casos de corrupción son abrumadores y hacen impensable que el Poder Legislativo permanezca de brazos cruzados ante ellos. Pero, por el otro, el artículo 117 de la Constitución enumera taxativamente las razones por las que un jefe del Estado en funciones puede ser acusado, y ninguna de ellas es su eventual incursión en el delito antes mencionado.

¿Cómo puede avanzar entonces el Parlamento con el delicado asunto que tiene entre manos? La opinión de muchos entendidos en la materia sugiere que el artículo constitucional en cuestión requiere una interpretación que parta de la premisa de que –como ha escrito en estas páginas el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez– “las Constituciones no son estáticas” y que no se puede ser prisionero de la literalidad de las normas.

Con esa idea en mente, el Congreso presentó recientemente una ampliación a la demanda competencial que había planteado poco antes contra el Poder Judicial en la que solicitaban al Tribunal Constitucional (TC) que hiciera una “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117 de la Carta Magna, “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de derecho”. Una decisión que le ganó no pocas críticas al titular del Legislativo, José Williams (quien, en buena cuenta, había sido el principal impulsor de la ampliación).

Las críticas tenían que ver, esencialmente, con dos consideraciones: en primer lugar, que el vehículo –una demanda de competencia en la que el Parlamento objetaba que el Poder Judicial hubiera adoptado ciertas determinaciones que menoscababan sus atribuciones– no era el indicado y, en segundo término, que el TC no es una instancia que resuelva consultas sobre problemas hipotéticos. Desde la Mesa Directiva del Congreso, sin embargo, no se obtuvo reacción alguna al respecto y solo cabía esperar un desenlace más bien previsible…

Pues bien, esta semana el TC respondió tanto a la demanda inicial como a su ampliación; y mientras que admitió lo primero, declaró improcedente lo segundo. En ambos casos, por unanimidad. En una nota de prensa divulgada a propósito de la decisión, el tribunal anotó que “no tiene competencias consultivas, y se pronuncia conforme al Código Procesal Constitucional, en un litigio que cumpla con los requisitos básicos: afectación concreta a las atribuciones de otro poder del Estado e identidades de partes en conflicto”, añadiendo que eso no se cumplía en el escrito ampliatorio presentado por el Congreso. Es decir, confirmó de alguna manera lo que lo que se había anticipado que sucedería.

La verdad es que el TC no ha dicho que el artículo constitucional en cuestión no pueda merecer un pronunciamiento de su parte, sino que el modo de obtenerlo no ha sido el adecuado. Y, sin embargo, por lo relativamente sofisticado de la materia en discusión, la sensación general que deja es esa.

Tal circunstancia, por cierto, ha sido aprovechada por el Gobierno y sus aliados para intentar bloquear cualquier nuevo empeño en ese sentido. Sus voceros, en efecto, quieren derivar de la respuesta del TC la conclusión de que la denuncia del Ministerio Público deber ser ya archivada en el Parlamento y, en algunos casos, hasta hablan de censurar a quien hoy lo preside por haber promovido una solicitud improcedente.

Lo más probable es que no lo consigan, pero de cualquier forma estamos ante una indeseable consecuencia más de la actitud apresurada con la que la oposición enfrenta las tropelías del Gobierno dentro y fuera del Legislativo. Esto es, embistiendo a tontas y a locas contra ellas y sin pensar en que el escaso pulimiento de los instrumentos que utiliza puede terminar favoreciendo a quien se pretende ajustar. Pensar antes de actuar siempre es una buena receta y ya va siendo hora de que quienes tienen la responsabilidad de librarnos de esta inaceptable situación empiecen a aplicarla.