Editorial: Amigos con beneficios

La denegación de la confianza al Gabinete encabezado por Pedro Cateriano y la designación del nuevo primer ministro, Walter Martos, son, qué duda cabe, los acontecimientos políticos de la semana. Sin embargo, la conmoción desatada por las acciones irresponsables del Congreso y, en general, el estallido de esta nueva crisis no deben dar pie a que se pierdan de vista otros graves asuntos que, al principio de la semana, amenazaban con transformarse en un dolor de cabeza para el presidente. En particular, la denuncia conocida el domingo sobre cuatro amigos suyos que obtuvieron cargos o contratos con el Estado en los últimos años.

Hace menos de un mes, cuando se supo que el cuñado del presidente Vizcarra, Freddy Herrera Begazo, había contratado varias veces con el Estado después del 28 de julio del 2016 (fecha en la que el actual mandatario juró como vicepresidente), comentamos en esta página que aquello era el hito final de una seguidilla de denuncias que lo ponían en una situación incómoda. En todas ellas, personas vinculadas directa o indirectamente a él estaban comprendidas en casos de contrataciones indebidas para realizar trabajos para el Estado. Lo que había empezado con la extraña fortuna de Richard Cisneros (colaborador de la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016) y sus múltiples contratos con el Ministerio de Cultura para ofrecer servicios de dudosa utilidad siguió luego con otros intríngulis que tocaban a la asesora presidencial Karem Roca y a la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales. Ella, como se sabe, contrató a la hermana de su expareja, Claudia Teresa Mere Vidal, cuando era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones… y a pesar de lo escandaloso del destape, continuó y continúa inamovible en su puesto de brazo derecho del jefe de Estado.

Pues bien, ahora ese problema se ha agudizado a raíz de la denuncia sobre los cuatro amigos presidenciales de la que hablábamos al principio y que dio a conocer este fin de semana un informe del programa periodístico “Panorama”. Los beneficiados con puestos en el Estado o contratos para brindarle servicios son, para mayor detalle, personas con las que el mandatario juega al tenis y cuya proximidad a él confirmaron varias fotografías mostradas en el reportaje.

Nos referimos, concretamente, a José Luis Alvarado Gonzales, quien desde julio del 2018 es asesor del despacho viceministerial de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa; al general (r) Hernán Flores Ayala, quien se desempeña como viceministro del ya mencionado sector; al comandante (r) Alejandro Espinosa Fernández, contratado en reiteradas oportunidades por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el 2016 (cuando Vizcarra era el titular de esa cartera), y a Hugo Mario Misad Trabucco, asesor en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado desde enero de este año.

La posibilidad de que estos cuatro ciudadanos estén en donde están por pura casualidad es prácticamente nula. No solo por el hecho de que todos sean compañeros deportivos del presidente, sino porque las fechas de su relacionamiento con el Estado coinciden con las de la presencia de Vizcarra en las distintas posiciones de poder que ha ocupado u ocupa en el Gobierno. Si hay algo ilegal en ello, solo una investigación lo podrá determinar. Pero el problema político, para un presidente que se ha ufanado de ejercer el cargo con transparencia, es evidente. Especialmente cuando se vale de esa narrativa para enfrentarse a un Parlamento cegado por intereses particulares.

En el pasado reciente, el jefe de Estado fue renuente para licenciar a ministros que habían sido pescados in fraganti en trances parecidos (como, por ejemplo, la extitular de Salud Zulema Tomás) y continúa siéndolo a propósito de la ya mencionada secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales. Pero ahora el problema ha tocado directamente su puerta y que pretenda escamotear su responsabilidad sería vergonzoso.

Así las cosas, ahora el señor Martos tiene la obligación de llevar al Gobierno a ofrecerle a la ciudadanía las respuestas que, hasta ahora, le ha rehusado. No se trata de hablar de transparencia, se trata de practicarla.