Editorial: Arrebatos costosos

Un laudo arbitral emitido una semana atrás ha dispuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) le pague al Jockey Club del Perú casi 14 millones de dólares por el terreno ubicado entre la avenida El Derby y la Panamericana Sur, en Surco. Si el pago, además, no se realiza en los 20 días posteriores a la notificación del laudo, se incorporarán a la deuda “los intereses legales que corran desde el vencimiento del plazo hasta la fecha del pago efectivo”.

Como se recuerda, la necesidad de expropiar el referido predio estuvo clara desde que, en el 2015, se anunció la construcción del intercambio vial del Derby. Pero en setiembre del 2017, después de haberle solicitado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la tasación de los 16.901 metros cuyo justiprecio (S/29,2, según un informe del sector inicialmente consultado) debía pagar para poder proceder con la obra, la MML –encabezada en ese entonces por el alcalde Luis Castañeda Lossio– decidió que, en aplicación de un derecho de vía determinado en el 2001, solo debía pagar el valor del muro perimetral que protegía el terreno (cuya tasación arrojó algo más de 2 millones de soles), tumbó el muro de madrugada y tomó control del terreno en cuestión.

Empezó entonces una batalla legal en la que la Municipalidad de Lima Metropolitana, autora de un obvio atropello a la propiedad privada, tenía las de perder y que ahora ha terminado como se suponía. Es decir, imponiéndoles a los vecinos de la capital (que son quienes, con sus tributos, financian el presupuesto del municipio) el costo ya mencionado. Un costo, por cierto, bastante mayor al de los S/29,2 que habría supuesto pagar el justiprecio en el momento en que fue establecido.

La gestión Castañeda, pues, optó por una bravuconada, pensando quizás que eso la hacía lucir enérgica y decidida, y les trasladó a los limeños una factura millonaria que más temprano que tarde habrá que pagar. Y todo esto por una obra que, dicho sea de paso, tiene los plazos vencidos y continúa sin terminar.

El episodio evoca, por lo demás, actitudes de otras autoridades –nacionales, regionales o locales– que a su turno tomaron también decisiones precipitadas o arrebatadas cuyos beneficios –si alguno ofrecen– no compensan en ningún caso los costos que al final caerán sobre los contribuyentes.

El caso más dramático es, por supuesto, el de la “modernización” de la refinería de Talara, resuelta por el gobierno del presidente Ollanta Humala y que hasta el momento nos viene costando US$5.600 millones, sin provecho a la vista. Pero existen ejemplos a escala más reducida que llaman también a la indignación.

En el 2014, la Municipalidad de Lima empezó la construcción de un puente peatonal en la Costa Verde que, en agosto del año pasado y tras haber permanecido inconcluso por largo tiempo a raíz del incumplimiento de ciertos requerimientos técnicos, fue demolido.

El año pasado, este Diario comprobó que la ciclovía recientemente inaugurada por el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, presenta problemas de diseño que pueden ocasionar accidentes de ciclistas y peatones. Ese mismo municipio, por otra parte, gastó casi S/22.000 en árboles de quina que no pueden crecer en Lima.

Finalmente, cabe mencionar en esta relación lo sucedido con el contrato del peaje Chillón, en Puente Piedra. Anulado unilateralmente en el 2017 una vez más por el alcalde Luis Castañeda Lossio, el caso fue llevado a un tribunal arbitral con sede en Washington por el consorcio Rutas de Lima, que, tras dos años de proceso, terminó dándole la razón al concesionario e imponiéndonos el pago de S/230 millones de soles.

Los ejemplos, en fin, son innumerables, pero la conclusión es una sola: tenemos que encontrar una manera de hacer responsables a nuestras autoridades a todo nivel del dispendio del dinero de los contribuyentes.