Editorial: ¡Basta ya!

Hace menos de un mes, lamentamos en este espacio la agresión que sufrió una reportera del canal del Estado, Tifanny Tipiani, que fue violentamente apartada por un efectivo de seguridad cuando intentaba recoger las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien observó a menos de un metro de distancia la escena sin inmutarse. Podríamos, en ese sentido, sonar reiterativos al volver a pronunciarnos sobre lo mismo, pero creemos que –en temas como este– vale la pena ser redundantes, una vez tras otra, porque sencillamente no podemos normalizar este tipo de actos. El maltrato a los periodistas no debería tener cabida en una sociedad que aspira a vivir sobre un piso mínimo de democracia. Y esta semana hemos sido testigos de este fenómeno en varias de sus formas.

Dos días atrás, por ejemplo, un asistente de comunicaciones de Palacio de Gobierno, Franco Pomalaya, intentó quitarle abruptamente el micrófono a la reportera de RPP Hellen Meniz, cuando esta, al igual que Tipiani, buscaba una declaración del mandatario. Pomalaya, por su parte, se ha defendido argumentando que su reacción no fue adrede, sino que se trató de un acto “reflejo”, pues no llegó a ver que el objeto en cuestión “era un micro” … una aseveración bastante curiosa, por decir lo menos (¿una persona que trabaja en comunicaciones no sabe que, desde hace un año y medio, por la pandemia, todos los reporteros en el mundo usan micrófonos conectados a una barra para mantener la distancia?). No deja de ser preocupante, asimismo, que la primera reacción de las personas que rodean al mandatario sea la de responder con tal nivel de aspereza a todo lo que se les acerque (¿cuál es el mensaje para los periodistas que cubren las actividades oficiales? ¿Que no se aproximen porque pueden resultar heridos?).

Consultado al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha ofrecido “disculpas” a nombre “del Ejecutivo” por el suceso. Pero es difícil creerle tomando en cuenta que se trata de la misma persona que hace solo unos días le espetó a un reportero de Latina: “Tienes que lavarte el oído”. Y es que, aunque resulta obvio decirlo, el maltrato a los periodistas que cubren a los más altos representantes del Ejecutivo no ocurre solo cuando funcionarios abusivos los empujan o tratan de arrebatarles sus herramientas de trabajo, sino también cuando se les impide que tengan acceso a la información, ya sea cerrándoles literalmente las puertas (como ocurrió el miércoles, cuando se les denegó el acceso a varios reporteros a un local de Sedapal durante una visita del jefe del Gabinete) o brindando respuestas en otro idioma (como pasó en los últimos días). En ambos episodios, el protagonista ha sido el mismo: el ministro Bellido.

Pero los maltratos contra la prensa no han venido solo desde el Gobierno. Dos días atrás, IPYS emitió un comunicado en el que rechazó los llamados en redes sociales de integrantes del colectivo autodenominado La Resistencia (un grupo cuya única misión en la vida parece ser la de diseminar la mayor cantidad de odio y mentiras por donde va) para atacar al periodista Jaime Chincha. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado y ha solicitado al Ministerio Público que inicie una investigación al respecto (una acción que, dicho sea de paso, debería aplicarse también para sancionar a los agresores del exfiscal Avelino Guillén, una persona con cuyas posiciones hemos discrepado muchas veces desde este Diario, pero que de ninguna manera merece el maltrato al que una tanda de energúmenos lo sometió hace poco).

¿Qué estamos esperando? ¿Que la próxima vez no tengamos que escribir sobre un insulto o un jaloneo a un reportero, sino sobre una paliza o algo peor? ¿Que los periodistas deban salir a hacer su trabajo enfundados en chalecos y cascos?

Este “asedio a la prensa como política de gobierno”, como lo ha calificado el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, debe parar, no solo extendiendo disculpas que parecen forzadas, sino sobre todo garantizando la integridad de los reporteros y levantando todas las barreras que impiden que hagan el trabajo que están llamados a hacer: el de informar a los ciudadanos sobre sus autoridades.