"La realidad, empero, es que las últimas acciones de los señores Alarcón y Luna Morales parecen tener poco que ver con la fiscalización o con la defensa del consumidor". (Foto: Congreso)
"La realidad, empero, es que las últimas acciones de los señores Alarcón y Luna Morales parecen tener poco que ver con la fiscalización o con la defensa del consumidor". (Foto: Congreso)
Editorial El Comercio

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En los últimos días, se ha hecho patente que dos legisladores vienen explotando su condición de titulares de sus respectivas comisiones parlamentarias para impulsar agendas personales o partidarias con fines nada encomiables. Y aunque desde hace meses la labor de ambos arrastra gruesos cuestionamientos, lo conocido la semana pasada debería llevar a que varios de sus colegas se planteen la posibilidad de removerlos de sus cargos antes de que el perjuicio que han causado escale a una altura mucho mayor (una posibilidad, por cierto, muy latente).

Hablamos de los parlamentarios Édgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), y José Luna Morales, de Podemos Perú. El primero es titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento; y el segundo, de la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

La situación del señor Alarcón, antes que todo, es por demás insólita. En noviembre, el excontralor general presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización (e incluso se anunció que sería reemplazado por el parlamentario Héctor Maquera). Según explicó entonces a la prensa el vocero alterno de UPP, Roberto Chavarría, la decisión de apartar a Alarcón fue tomada en una reunión de bancada, “debido a todos estos cuestionamientos que existen, y que alguien que esté cuestionado y procesado por delitos de corrupción, obviamente, no reuniría las condiciones para poder presidir una comisión importante del Parlamento”. Curiosamente, dichos “cuestionamientos” todavía están allí, al igual que Alarcón, que casi un mes después continúa presidiendo el grupo de trabajo al que ‘renunció’.

Como sabemos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha presentado tres denuncias constitucionales contra Alarcón, por los supuestos delitos de cohecho pasivo propio (vinculado al Caso Los Temerarios del Crimen), enriquecimiento ilícito y peculado doloso. La semana pasada, sin embargo, se conoció que Alarcón había remitido al Ministerio Público dos denuncias contra el actual vicepresidente del Congreso, Luis Roel (Acción Popular), en lo que a todas luces parece un intento por amedrentar a la Mesa Directiva encabezada por la legisladora Mirtha Vásquez.

En cuanto a Luna Morales, ayer la Unidad de Investigación de este Diario reportó que el parlamentario, aduciendo que el grupo de trabajo que preside cuenta desde el 12 de agosto con facultades de comisión investigadora, ha solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) información cuyo acceso podría, en palabras de Socorro Heysen –titular de la institución–, “poner en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos, además de la estabilidad financiera y la integridad del sistema de prevención y detección de lavado de activos”.

Entre los más de 120 pedidos realizados por Luna Morales, destacan, por ejemplo, información concerniente al registro de deudores, a la gestión interna de las entidades del sistema financiero y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que trabaja en la prevención de lavado de activos; curiosamente, un delito por el que el padre del legislador, José Luna Gálvez, viene siendo investigado. Además, cabría preguntarse por el uso que podría dársele a información tan sensible como la requerida por el congresista Luna Morales en el marco de una campaña electoral en la que participará el partido político fundado por su padre y que él abandera en el hemiciclo.

Preocupa, en ese sentido, que ante la falta de respuesta de la SBS, el legislador Luna Morales haya cursado un oficio a la señora Heysen acusándola de “ocultar la información solicitada” y amenazándola con “aplicar los apremios establecidos en […] la Constitución”.

Probablemente, los señalados alegarán que lo que hemos descrito aquí está dentro de sus facultades como parlamentarios o como titulares de comisiones. La realidad, empero, es que las últimas acciones de los señores Alarcón y Luna Morales parecen tener poco que ver con la fiscalización o con la defensa del consumidor. Sus misiones, más bien, parecen ser unas que hasta ahora no han transparentado, aunque no hace falta mucha imaginación para adivinarlas.

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