Presidencias para todos

Cada vez que se inicia un nuevo período anual de sesiones en el Congreso, las miradas suelen enfocarse en la elección de la Mesa Directiva. Saber quién presidirá un poder del Estado y, en la coyuntura que atravesamos, ocupará la línea de sucesión después de la presidenta no es un dato menor. Menos llamativas, sin embargo, resultan las designaciones de los titulares de las comisiones ordinarias, pese a la importancia que estas revisten para el trabajo parlamentario.

Solo para poner un ejemplo sobre el poder de estos grupos, vale recordar que la ley que dejó al Perú prácticamente sin detención preliminar durante tres meses fue cocinada en la Comisión de Justicia, en manos de Perú Libre, de manera subrepticia. La modificación de la norma, como contamos en este Diario, se contrabandeó en un dictamen que versaba sobre otro tema (la prisión preventiva de policías investigados por usar su armamento en funciones) y fue aprobada en el pleno sin que nadie lo advirtiera.

Así, pues, el trabajo de las comisiones es demasiado importante como para dejarlo al azar. O, peor aún, en manos inadecuadas. Y esto es justamente lo que ha ocurrido.

Días atrás, nos referimos al caso de María Acuña (APP), flamante presidenta de la Comisión de Vivienda conocida por tener dos propiedades que invadían espacios públicos. Ahora, este Diario ha informado sobre la situación de Víctor Flores (Fuerza Popular), nuevo titular de la Comisión de Economía que no transparentó sus vínculos con la minería informal cuando apoyó iniciativas favorables a esta. ‘Niños’ y mochasueldos, como era de esperar, también han sido premiados con presidencias de comisiones. Elvis Vergara (Acción Popular), denunciado por organización criminal y tráfico de influencias, presidirá la Comisión de Fiscalización, encargada, paradójicamente, de investigar denuncias de corrupción. Magaly Ruiz (APP), investigada por concusión y colusión, será la encargada de la Comisión de Salud.

El caso más preocupante, sin embargo, es el de la Comisión de Energía y Minas, que ha quedado a cargo del congresista Víctor Cutipa (JPP), quien ha apoyado la extensión del Reinfo en ocasiones anteriores, y que votó a favor de la cuestionada propuesta de la ley MAPE que fue rechazada en la legislatura pasada. Justamente cuando este grupo tendrá la responsabilidad de elaborar la ley que debería marcar el fin del Reinfo y la creación de un marco legal que formalice a decenas de miles de mineros informales en todo el país.

Lamentablemente, las bancadas han decidido colocar al frente de comisiones claves a representantes altamente cuestionados, como si quisieran cerrar con broche de oro un período parlamentario caracterizado por ‘Niños’, mochasueldos, promotores de la minería informal e investigados de toda laya. No tardaremos en ver las consecuencias de estas decisiones.