Editorial: De toda laya

El gobierno del presidente Pedro Castillo ha mostrado ser particularmente exitoso al momento de encontrar nuevas maneras de bajar la valla para altos cargos en el Ejecutivo.

La progresión va en tres partes. El gobierno empieza por nombrar sistemáticamente a individuos vinculados a organizaciones que lindan con lo criminal o que cargan con una serie de graves acusaciones por conductas pasadas (que no tuvieran experiencia alguna en el sector designado –la impronta más popular de la administración– ya parece lo de menos). En segundo acto, el gobierno, lejos de reaccionar inmediatamente una vez conocidas las imputaciones, deja que el problema avance sin inmutarse ni dar crédito a las críticas. Y, más recientemente, el tercer paso parece ser dar de largas al país con supuestas evaluaciones e investigaciones relacionadas a sus ministros sobre hechos respecto de los que no hay mucho más que evaluar o investigar. Y esta es, por supuesto, otra manera de seguir bajando la valla.

La falta de diligencia que han demostrado el presidente Pedro Castillo y el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para nombrar a los miembros del Gabinete es inaceptable. Hace un par de semanas, en el colmo de la desfachatez, Torres anunció que había solicitado a todos los ministros que le informasen si alguno tenía antecedentes de violencia de género. El pedido no solo revelaba que no se había hecho una mínima verificación previa sobre la trayectoria de los futuros ministros, sino que este gobierno tendría tal sesgo por personajes violentos y misóginos que se hacía necesaria una aclaración especial al respecto.

El caso del ahora extitular del Gabinete Héctor Valer –denunciado por golpear a su hija y a su esposa– fue sin duda el más emblemático, pero está lejos de ser el único. Ahí siguen sentados en el Consejo de Ministros, por ejemplo, Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, y José Luis Gavidia, del Ministerio de Defensa, quienes arrastran acusaciones similares.

La ceguera voluntaria se extiende a otro tipo de inconductas. Torres ha dicho ahora que “hay que investigar” las 70 denuncias que tiene Ángel Yldefonso, ministro de Justicia, pues estas no eran de su conocimiento. ¿Qué debe pensar la ciudadanía de un presidente del Consejo de Ministros que nombra a alguien sin tener idea de la mochila que trae y que, confrontado con los hechos, se rehúsa a reaccionar?

Al margen de la incapacidad para revisar antecedentes, y con el beneficio de la duda, se podría pensar que Torres efectivamente está evaluando la solidez de las denuncias contra Yldefonso –pues existen, es cierto, denuncias de toda laya–. Pero este supuesto ejercicio inevitablemente trae a la memoria el caso del ministro de Salud, Hernán Condori, quien ha aparecido en un video publicitando la ya célebre “agua arracimada” a pesar de que dicho líquido no cuenta con aval científico que sustente las propiedades que sus promotores le suelen adjudicar, que ha difundido un supuesto método de detección de cáncer de manera irresponsable y que también tiene problemas con la justicia. Al respecto, hace más de una semana Torres dijo que “la situación del ministro de Salud está en evaluación” y, sin embargo, aún no sabemos cuáles son los resultados de dicha evaluación.

A estas alturas, ya no son solo las figuras de la incapacidad y la argolla las que mejor grafican la disposición del gobierno en la elección de sus Gabinetes: son también, y, quizá sobre todo, la terquedad y el cinismo. Cualquier gobierno tiene derecho a equivocarse en algún nombramiento, pero no tiene derecho a que las equivocaciones sean la norma y, mucho menos a, una vez identificados los errores, dar de largas a la ciudadanía a la espera de que el siguiente e inevitable escándalo quite los reflectores del ministro acusado del día. Lamentablemente, la estrategia es tan dañina y grotesca que hasta puede estar dando resultado.