El expediente Yenifer

Ayer se reanudó la audiencia para resolver el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía. Para el momento en el que se terminó de escribir este editorial, las partes involucradas continuaban exponiendo sus argumentos ante el juez Johnny Gómez; sin embargo, ya se podían extraer algunas conclusiones de la sesión.

La principal es que esta sirvió para conocer la cantidad de pruebas que el Ministerio Público ha acopiado, ordenado y contrastado sobre la presunta organización criminal que se habría gestado en el interior del Gobierno para beneficiarse con varias obras en diferentes lugares del país, y cuya cabeza sería nada menos que el jefe del Estado. Dentro de esta red, según la fiscalía, la labor de la cuñada del mandatario habría sido la de lobbista; esto es, se habría encargado de “contactar y coordinar con diferentes alcaldes a fin de ‘vender’ proyectos asegurando que tendrían éxito en su ejecución y financiamiento, bajo la coordinación permanente de Lilia Paredes”, cónyuge del presidente y hermana de Yenifer. Un rol equivalente al que habrían tenido Karelim López y Zamir Villaverde en un caso conexo, solo que a través del Ministerio de Vivienda en lugar del de Transportes y Comunicaciones.

Entre las obras que Paredes se habría encargado de gestionar gracias a su cercanía con el poder, la fiscalía ha detectado al menos dos: una en Chachapoyas y otra en Chadín. Sobre la primera, Hugo Espino Lucana (sindicado como testaferro de la presunta red criminal y quien se ha acogido a la confesión sincera) ha relatado que Yenifer y él viajaron hasta el distrito en cuestión para reunirse con el alcalde –quien, a la sazón, sería amigo de la primera dama– a fin de trabajar un expediente con miras a viabilizar una obra. Respecto del segundo, se tiene el video difundido casi dos meses atrás por el programa “Cuarto poder”, en el que se ve a la cuñada del presidente ofreciendo una obra de saneamiento en una comunidad del distrito de Chadín acompañada de Espino y portando un chaleco con el logo de la empresa de este.

Para sustentar los delitos que habría cometido Paredes, así como su posición en la presunta organización criminal, la fiscalía ha presentado un acervo documentario revelador, con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre depósitos realizados entre octubre pasado y junio de este año por parte de la procesada por un valor mayor a los S/90.000, cuando sus ingresos no superaban los S/1.500. También, los hallazgos tras sendas diligencias fiscales en el domicilio de Yenifer en Cajamarca y en el de sus primos en la capital, entre los que destacan varios sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades, y hasta de un juez de paz, documentos sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos, actas de sesiones de comunidades de Anguía y una agenda con anotaciones de nombres y montos de dinero.

Y no podemos dejar de mencionar el testimonio brindado por Espino a las autoridades, sus visitas a Yenifer en Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda en fechas claves, el depósito de S/90.000 de los hermanos de Yenifer a Espino, los contratos que ganó mediante su empresa o la de su hermana Anggi, y tantos otros indicios que parecen comenzar a cerrar el círculo en torno de Paredes.

Por todo lo anterior, afirmaciones como las vertidas dos días atrás por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, denunciando una supuesta “persecución política” en contra de ella o afirmando que su caso se construye con base solo en “una simple sospecha”, sencillamente no resisten el menor análisis.

Yenifer Paredes no es víctima de una persecución política. Tampoco es, como aseveró dos semanas atrás el ministro Alejandro Salas, una adalid de la democracia. Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público en su contra son tan numerosas como sugerentes, y constituyen quizás el caso más sólido que esta institución tiene alrededor del presidente Castillo.