Editorial: El ministro combi

Mientras buena parte de la atención del país está en los daños económicos que podrían venir con una eventual reforma tributaria vía delegación de facultades, en el sector transportes los daños ya se han consumado. En apenas pocos meses en el cargo, el ministro Juan Francisco Silva, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha encabezado un acelerado proceso de descomposición institucional que retrocede los tibios avances que se habían logrado en un sector tan delicado.

Esta semana, el ministro sostuvo una reunión con un selecto grupo de representantes de transportistas que incluían a un chofer de combi con 70 papeletas y un proceso por homicidio, un excandidato que promovió un enorme paro de transportes en Lima, un gerente de una empresa con S/5 millones en papeletas, entre otros de similar corte. El objetivo era persuadirlos para que no se plegaran al paro de transportes programado para mañana. La misión del ministro fue exitosa. A cambio, sin embargo, ofreció la cabeza de María Jara, titular de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y la de Patricia Cama, superintendenta de la Sutrán, de acuerdo con audios filtrados de las conversaciones. La renuncia de Cama se oficializó este jueves. En su reemplazo se nombró a Doris Violeta Alzamora, gerenta de transporte urbano en la última gestión municipal de Luis Castañeda Lossio.

Eso no fue todo. El ministro también se comprometió a presentar un proyecto de ley para condonar las multas del sector que suman decenas de millones de soles por todo tipo de faltas. La peor concesión fue la promesa de ampliar el permiso a todas las combis y coasters por diez años, un golpe casi mortal a la política nacional de transporte urbano iniciada hace tres años. Los colectivos en carreteras han sido uno de los grandes problemas y riesgos del transporte urbano por carecer de paraderos, de control de horarios que permitan descanso adecuado a los conductores, y en general de cualquier sistema de fiscalización. A esta semiliquidación de la institucionalidad del sector, el ministro Silva la ha llamado “reorganización”.

En vista de la trayectoria del ministro, estos resultados no deberían ser sorprendentes. Silva recibió una multa grave a bordo de una miniván que –según el SAT– registra S/4.300 en multas por prestar el servicio de transporte tipo colectivo de manera informal. Por otro lado, desde su nombramiento, Silva ha colocado a personas que no cumplen el perfil adecuado para las responsabilidades asignadas, según la contraloría. Esto no es un tema menor. El MTC es el ministerio con el mayor presupuesto para inversión pública, con casi S/10.000 millones este año para ejecutar en obras.

A todo esto se suma la amenaza del ministro en contra de TV Perú durante un evento en Cusco en setiembre pasado. “Canal 7 debe llegar en [sic] todas las regiones; no llega. Inclusive ahora Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que [...] el Canal 7 eduque a las personas”, dijo entonces, en una muestra de su poco respeto por la institucionalidad de las comunicaciones del Estado.

En suma, a estas alturas la permanencia del ministro Silva en el Gabinete es ya una afrenta al país. Haría bien el presidente Castillo en demostrar mejores reflejos para su rápida sustitución que los que ha venido demostrando con otros ministros que se convirtieron, en cuestión de pocas semanas, en un lastre para la institucionalidad peruana.