El objetivo es la mordaza

Frente a un Congreso que no ha sido capaz de ejercer un adecuado control político –o que no ha querido ejercerlo– sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo, dos instituciones han respondido haciendo lo que les corresponde. La primera es el Ministerio Público que, respaldado por parte de la policía, ha logrado a la fecha avances importantes en el destape del entramado de corrupción que aparentemente se tejió en pocos meses desde Palacio de Gobierno hacia el resto del Ejecutivo. La segunda es la prensa independiente. Y contra ambas ha enfilado sus baterías el oficialismo.

Durante su presentación de la semana pasada en el Congreso, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, advirtió que el Gobierno no está “haciendo ninguna medida contra la prensa”, pero que “hay excesiva libertad de prensa incluso para injuriar, difamar, calumniar”. “Hay una excesiva libertad de prensa en el Perú y eso está plenamente garantizado”, indicó. Es curioso que Torres se haya referido a estas supuestas garantías de la “excesiva libertad de prensa” la misma semana en que la bancada oficialista presentaba un proyecto de ley para, más bien, amedrentarla.

En efecto, la bancada de Perú Libre, a través de su congresista Segundo Montalvo, ha propuesto una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones contra los delitos de calumnia y difamación, e incluir precisiones adicionales para las redes sociales y los sitios webs. Esta no es la primera vez que el Gobierno impulsa medidas de este tipo. Hace apenas un par de meses, el mismo Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que penalizaba la difusión de información relacionada a casos en investigación fiscal. La sanción, en esta oportunidad, sería hasta de cuatro años de prisión.

La doctrina jurídica internacional apunta a que la respuesta apropiada a delitos contra el honor, la privacidad y la dignidad –que, por supuesto, sí existen y merecen sanción– no debería de incluir la privación de la libertad del periodista, al tratarse de una respuesta desproporcionada y pasible de manipulación por parte del poder político interesado en acallar críticas. En esa línea, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el proyecto de ley de Perú Libre busca más bien “amordazar la denuncia periodística” en un contexto en el que el hostigamiento judicial de periodistas se ha vuelto moneda corriente en el país.

Es decir, mientras que en buena parte del mundo la tendencia es que las sanciones por delitos contra el honor se vayan flexibilizando, el Gobierno Peruano y sus extensiones parlamentarias apuntan a lo opuesto, y no es muy difícil intuir el motivo. Los destapes periodísticos que se suceden día a día sobre los presuntos actos de corrupción que cercan al presidente Castillo y a su entorno más inmediato son interpretados como ataques contra el Gobierno, y no como lo que en realidad son: apenas un espejo en el que la ciudadanía y las mismas autoridades pueden observar la degradación del actual régimen.

El Gobierno es ya incapaz de contener el torrente de denuncias de actos ilícitos que alcanzan lo más alto del poder. Una vez puesto en marcha el proceso de desovillar la madeja de corrupción, cual bola de nieve en pendiente, los casos, evidencias y acusaciones de colaboradores eficaces probablemente se irán sucediendo con cada vez mayor velocidad en los siguientes meses. El Gobierno y sus aliados intentan, torpemente, frenar este proceso intimidando a la prensa, pero solo conseguirán fortalecer la imagen de culpabilidad de quien ataca al mensajero.