Editorial: Háganse cargo

El gobierno del presidente Pedro Castillo no puede pretender normalidad económica en la medida en que las señales que brinde no sean predecibles. En este proceso, conviene no engañarse con cierta información que viene llegando en las últimas semanas.

Es cierto que, a julio de este año, el nivel de producción nacional se encuentra ya en cifras casi iguales a las vistas antes de la irrupción del COVID-19. Eso es una gran noticia. El crecimiento del PBI de 20,9% durante la primera mitad del año superó las expectativas y varios indicadores de fortaleza económica –como la producción de electricidad o el consumo interno de cemento– están incluso por encima de sus niveles del 2019. Por ello, el Banco Central de Reserva (BCR) actualizó al alza su estimado de crecimiento del PBI para el 2021 –de 10,7% a 11,9%–. Al mismo tiempo, y a pesar de la inflación, el Perú sigue ostentando una de las macroeconomías más sólidas de la región.

Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Pedro Francke, se apresura a leer lo anterior como un veloz logro de su gestión. La verdad es que todo esto se fue construyendo antes de la elección del presidente Pedro Castillo y, ciertamente, antes de los cuestionables nombramientos en altos cargos de los que el país ha sido testigo en las últimas semanas.

De hecho, si uno quisiese analizar los indicadores económicos que tienen reacción rápida a las noticias del día a día, o aquellos que se usan para proyectar el desempeño económico, la perspectiva cambia dramáticamente. Entre los primeros se hallan las variables financieras, como el tipo de cambio o las cotizaciones de las acciones de empresas peruanas, o incluso la calificación crediticia de la deuda peruana, que han tenido un duro golpe a partir de la incertidumbre política actual.

Por ejemplo, según el presidente del BCR, Julio Velarde, en un escenario de estabilidad política, el dólar debería tener una cotización de entre S/3,60 y S/3,70, en vez de los S/4,10 actuales. Esta aseveración contrasta con la antojadiza y malintencionada versión del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien sin mayor sustento afirmó hace unos días que “el dólar debe estar en S/3,50, S/3,40”, pero que el alza actual no se debía tanto a la coyuntura política, sino a gente “que [quiere que] el dólar esté arriba”, y aludió a que algunos funcionarios les estarían “jugando mal”. Precisamente, son este tipo de comentarios los que hacen que el dólar suba.

Las proyecciones económicas refuerzan la figura pesimista. De acuerdo con el BCR, la inversión privada no crecería el próximo año, mientras que las expectativas económicas de corto plazo están en niveles que no se habían registrado tan bajos desde lo peor de la crisis del año pasado y, antes de eso, desde la crisis financiera global del 2008-2009.

En este contexto de amplia preocupación por el futuro económico inmediato, el pobre manejo del gobierno respecto de la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR demuestra que, o bien no comprende la gravedad del asunto, o no es su prioridad. “En este momento, si no hay algún pronunciamiento oficial del Ejecutivo es porque no se tiene ninguna decisión, hay que esperar, porque justamente lo que genera inestabilidad es la especulación. Será o no será, se asustan arriba y abajo”, dijo con soltura Bellido esta semana, como si de un tema ligero se tratase. No está de más recordar que, en el período anterior, Velarde fue ratificado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a mediados de agosto del 2016.

El Ejecutivo no puede seguir alargando este asunto –y la selección de los directores del BCR que le corresponden– mucho más. La expectativa, por supuesto, es que en este y en los siguientes nombramientos pueda elegir con mayor responsabilidad de la que ha demostrado recientemente en instituciones como Indecopi y Petro-Perú y, antes, en diversos ministerios. A pesar de los buenos números económicos inmediatos –que pertenecen en realidad al período previo–, la incertidumbre y la preocupación por los siguientes meses hoy son muy reales. El gobierno quizá aún no lo nota