Una presidenta del Consejo de Ministros que dura apenas 21 días en el cargo y que es removida a unas horas de presentarse ante el Parlamento para el voto de investidura es un claro síntoma de crisis en el Ejecutivo. Pero si además semejante crisis se produce en una administración que acaba de empezar y que tiene por responsabilidad asegurar un proceso electoral impecable y en paz para simplemente entregar luego de cinco meses el poder a quien resulte ganador de los comicios, la situación es doblemente alarmante, pues revela que nadie está sosteniendo realmente las riendas del país… Y ese es exactamente el escenario que presenta en estos momentos el gobierno de José Balcázar.
Lo ocurrido dos días atrás pone en evidencia la precariedad del equipo ministerial que conformó el mandatario originalmente, pero también revela que la falta de perspectiva política continúa. ¿Cómo puede un jefe del Estado salir a decir que nadie ha renunciado cuando ya su primera ministra –en este caso, la señora Denisse Miralles– lo había hecho? ¿Cómo puede, adicionalmente, poner en su reemplazo a un personaje –Luis Enrique Arroyo Sánchez– que enfrenta procesos por falsedad ideológica, concusión y abuso de autoridad ante la justicia? Por añadidura, no se trata del único integrante del nuevo Gabinete en trance de ese tipo. Los ministros Rodolfo Acuña Namihas (Economía), María Cuadros Espinoza (Educación) y Edith Pariona Valer (Mujer) tienen también investigaciones abiertas en el Ministerio Público por distintos delitos.
Todo indica que el cambio se produjo a consecuencia de las señales que había recibido el presidente Balcázar de parte de distintas bancadas presentes en el Congreso de que no otorgarían el voto de confianza a Miralles. Pero con este ramillete de flamantes enfajinados bajo la lupa de la fiscalía o el Poder Judicial es probable que todo lo que el gobierno haya ganado es una extensión de 40 días para presentar al renovado gabinete ante el Congreso, con un resultado a la larga tan negativo como el que iba a conseguir el anterior.
Mientras tanto las bancadas parlamentarias asociadas a las distintas candidaturas presidenciales en carrera siguen practicando el dispendio populista e irresponsable con iniciativas de gasto que saben que un Ejecutivo tan débil como el actual no observará. El más clamoroso de los ejemplos recientes es el del otorgamiento de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, pero no el único. Semejante atentado contra el equilibrio fiscal, como es lógico, solo hará más difícil la tarea de quien llegue al poder el 28 de julio próximo, pero eso a nadie parece importarle. Estamos siendo víctimas de un gobierno fantasma sin propósito de enmienda a la vista
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