Editorial: Justicia que tarda…

Martín Belaunde Lossio dejará la cárcel en los próximos días y es probable que la noticia provoque reacciones airadas entre quienes siguieron las andanzas que lo llevaron a estar privado de su libertad desde mediados del 2015. La razón específica del cambio de su situación es que el plazo de la prisión preventiva que se le dictó en el contexto de las investigaciones del Caso Antalsis se ha vencido y que la apelación de la fiscalía para que esta fuese ampliada de 24 a 36 meses fue desestimada por el Poder Judicial, pero en realidad sus problemas con la justicia son múltiples.

Los procesos en los que se halla involucrado son específicamente tres. El primero de ellos es el conocido como ‘La Centralita’, por el nombre de la sede en la que operaba una presunta organización criminal liderada por César Álvarez cuando era gobernador regional de Áncash. Por este caso, Belaunde Lossio fue recluido en mayo del 2015, tras ser extraditado desde Bolivia y luego de que se dictara prisión preventiva en su contra por 18 meses –ampliada en julio del 2016 a 36 meses–. En abril del 2018, la fiscalía presentó acusación en este caso y pidió 22 años de cárcel para el acusado. Todavía, sin embargo, no existe sentencia.

El segundo proceso es el del financiamiento a las campañas presidenciales de Ollanta Humala, que ya se encuentra en etapa de control de acusación. Como se recuerda, Belaunde Lossio se desempeñó como asesor de comunicaciones del candidato nacionalista en el 2006, cuando –según la tesis fiscal– este habría recibido apoyo del Gobierno Venezolano de Hugo Chávez.

Finalmente, el tercer proceso es el conocido como Antalsis. Según la investigación que se le sigue (todavía en fase preparatoria), Belaunde Lossio habría cometido varios delitos con la finalidad de conseguir que la empresa que lleva ese nombre ganara licitaciones en varias regiones del país. Por este caso se dispuso su arresto preventivo por 15 meses en diciembre del 2017, que fueron luego extendidos a 24. Ese plazo, sin embargo, se acaba de cumplir.

La situación ahora, en consecuencia, es que, tras abonar los S/50 mil de caución que se le impuso tiempo atrás, el personaje que nos ocupa podrá recobrar una libertad, con algunas restricciones (no ausentarse de la localidad de su residencia sin autorización de su judicatura, no poder viajar al exterior por 36 meses, presentarse ante la autoridad fiscal cada vez que sea citado, etc.), pero libertad al fin y al cabo.

Ante esta situación, la pregunta que seguramente se hará un sector de la ciudadanía es cómo es posible que todo el tiempo transcurrido desde su detención no haya resultado suficiente para acusarlo y sentenciarlo en casos que dejaban tan poco espacio para la especulación (con el agravante de que, en el 2014, viajó subrepticiamente a Bolivia, en un claro intento de sustraerse a la acción de la justicia). Y es aquí donde la reflexión trasciende los límites de este caso concreto. Porque ciertamente no estamos hablando del primer investigado por asuntos bastante delicados que deja la prisión preventiva porque el plazo se venció, sin que la fiscalía haya presentado acusación o el Poder Judicial emitido sentencia. Viene a la memoria, por ejemplo, el caso del ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, que en el 2016 dejó la prisión preventiva en circunstancias muy similares.

En medio de la efervescencia de la lucha anticorrupción hay un problema serio al que no se le está prestando la atención debida: la demora del sistema de justicia para llevar los casos que tiene entre manos a su instancia final y que ha hecho de la prisión preventiva un recurso que se percibe ya a veces como abusivo.

Nada de esto, por supuesto, cambia un ápice la impresión que tiene la ciudadanía sobre Belaunde Lossio y sobre la continuidad que debe observarse en sus tres procesos. Pero la ocasión es propicia para recordar que la justicia que tarda acaba por no ser justicia.