Editorial: La comodidad de Cerrón

El fiscal superior Omar Tello, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, rechazó el jueves el pedido de la fiscal Bonnie Bautista y del procurador anticorrupción Javier Pacheco para que la investigación del Caso Los Dinámicos del Centro, que ya incluye a Vladimir Cerrón, esté a cargo de una fiscalía supranacional en Lima.

Desde este Diario, en un editorial publicado el 18 de julio, resaltamos la importancia de que este caso saliese de la región en cuestión, toda vez que la influencia del exgobernador y fundador de Perú Libre hace difícil que se pueda llevar a cabo un proceso verdaderamente objetivo. Una circunstancia que coloca a quienes conducen las pesquisas contra la mencionada organización criminal en una posición complicada pues, como se ha visto, los involucrados suelen contar con ventajas que amenazan la investigación, como saber por adelantado cuándo se llevarán a cabo diligencias en su contra, y también un tratamiento complaciente de las autoridades judiciales locales, que ya desembocó en el rechazo del pedido de prisión preventiva contra 20 de los supuestos implicados, a pesar del comprobado interés de estos por entorpecer la acción de la justicia –rehuyendo a las fuerzas del orden, por ejemplo–.

Los argumentos del fiscal Tello para justificar su decisión, además, dejan mucho que desear. Según ha dicho, para que un delito tenga un presupuesto de repercusión nacional, este deberá “trascender la generalidad perturbándose la actividad estatal y, por ende, la nación”. Un punto de vista que sería comprensible si en medio de toda la investigación no estuviese Perú Libre, partido que llevó al presidente Pedro Castillo al poder y cuya campaña habría sido financiada con los fondos ilícitos obtenidos a través de las fechorías de los “dinámicos”. Se trata de una agrupación, asimismo, que ya ha colocado en las más altas esferas del poder a algunos de sus miembros, muchos de ellos con serios problemas con la justicia, como el primer ministro Guido Bellido, investigado por apología del terrorismo. En corto, la ‘perturbación de la actividad estatal’ está clarísima para quien tenga los ojos abiertos.

También insistió en que las confesiones de los aspirantes a colaboradores eficaces aún deben ser sometidas a corroboración para poder proceder. Pero los indicios difundidos son claros y también lo son las voces registradas en las intervenciones telefónicas, que describen el proceder de la banda criminal.

La decisión de Tello, asimismo, debilita la investigación de lavado de activos que ya fue abierta en Lima. De hecho, los argumentos que él esgrime podrían ser usados por la defensa de Cerrón para decir que no hay caso. No debió pronunciarse sobre lo concerniente a los aportes de campaña.

La manera en la que se están dando las cosas, en fin, mantiene cómodo a Cerrón. Y a lo anterior se suma que todavía está pendiente que la Corte Suprema resuelva una casación presentada por el fiscal superior anticorrupción de Junín, Ramón Villegas Odría, contra la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín, que le rebajó la condena al exgobernador regional –de prisión efectiva a suspendida– en la sentencia que se le impuso por el delito de negociación incompatible.

Está en manos del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga programar la fecha para escuchar los argumentos legales de las partes, un proceso que, de darse pronto, según declaró a este Diario el penalista Carlos Caro, podría desembocar en una resolución del caso en setiembre. Empero, el Ministerio Público ingresó el documento hace más de un mes y aún no pasa nada.

Con Cerrón tan cerca del poder y tan presente en sus decisiones, la justicia no puede cohibirse. Todo lo contrario. Hasta la última piedra debe voltearse y el último recurso agotarse para que se sepa la verdad y para que los funcionarios que hayan actuado mal paguen por sus delitos. Así las cosas, el caso de Los Dinámicos del Centro debe salir de Junín y el señor Prado Saldarriaga tiene que, de una vez, atender la casación presentada ante la Corte Suprema.