La prensa libre y sus enemigos

Puede ser el discurso de una autoridad alérgica al escrutinio, la pedrada de un vándalo en medio de una protesta, el cachiporrazo de un policía o el proyecto de ley intervencionista de un parlamentario. Los ataques a la prensa, sobre todo en los últimos meses, llegan desde todos los rincones del tablero político. Y la consigna no parece otra que ponerle trabas al libre ejercicio del periodismo, en claro beneficio de los que suelen ser objetivo de su trabajo.

En la última semana, por ejemplo, dos iniciativas legislativas discutidas en diferentes instancias del Congreso de la República han generado mucha preocupación. Una ha sido la que ha presentado la congresista Noelia Herrera de Renovación Popular, con la que insiste en el viejo despropósito de limitar el trabajo periodístico a los que tienen el título de periodistas y están inscritos en el colegio de la profesión. La segunda, devenida dictamen de la Comisión de Justicia con votos de múltiples bancadas, es otro intento por agravar aún más las penas por los mentados “delitos contra el honor”, como la difamación, una contradicción con la tendencia mundial que apunta más bien a suavizarlas. En todos los casos, organizaciones nacionales e internacionales que velan por la libertad de expresión han alzado la voz de alarma.

La medida planteada por la señora Herrera, como hemos dicho, no tiene nada de novedosa. En el 2015, por ejemplo, el entonces congresista Gustavo Rondón (de Solidaridad Nacional, partido que curiosamente se convirtió en Renovación Popular) presentó un proyecto que iba exactamente en la misma línea. Y, en ambos casos, el argumento es que la norma supondría la “profesionalización” del oficio. Pero lo cierto es que es un golpe a los derechos fundamentales, pues nada debería impedir que alguien ejerza un oficio al que la libertad de expresión le da su sentido de ser. Sobre todo, cuando ejemplos locales y extranjeros nos demuestran que no es obligatorio ser un periodista titulado y colegiado para hacer un buen trabajo.

La autógrafa, además, es una abusiva intervención del Estado en la libre iniciativa privada, toda vez que busca exigir, a través del MTC, que los medios emitan reportes donde confirmen su cumplimiento de la ley. En otras palabras, la congresista de Renovación Popular quiere que se le dicte a empresas privadas a quiénes pueden contratar o no.

Por otro lado, la propuesta que busca elevar las penas para los “delitos contra el honor”, que va camino de discutirse en el pleno, no es más que una mordaza. Un hecho que queda confirmado por el abuso que se le ha querido dar a esta figura en los últimos años. Como nos lo recuerdan casos como los de Christopher Acosta, que pasó por un prolongado trance legal con César Acuña por el libro “Plata como cancha”; y el de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, contra quienes las denuncias por difamación fueron convertidas en munición por miembros y simpatizantes del Sodalicio de Vida Cristiana, luego de que aquellos denunciaron casos de abuso sexual en las entrañas de la institución.

Pero esta saga refrita de normas que quieren entorpecer el trabajo de los medios y los periodistas es apenas un capítulo de una novela. Otro lo componen las protestas de los últimos meses que, según el Consejo de la Prensa Peruana, han resultado en 170 periodistas agredidos tanto por vándalos como por las fuerzas del orden. Y uno más es el casi año y medio en el que Pedro Castillo se dedicó a atacar a la prensa que puso al desnudo sus trapacerías, mientras le abría las puertas a una llamada “prensa alternativa” dedicada a reventarle cohetes.

Cada vez que aparecen estos enemigos de la prensa libre, sin embargo, hay que recordar que en última instancia no se busca defender a los periodistas, sino a la libertad de expresión y a la democracia que solo pueden desarrollarse plenamente allí donde los primeros no tienen limitaciones ni amenazas de censura para su función.