Las otras investigaciones pendientes

El martes, luego de la fatídica jornada vivida en Juliaca, en la que 18 personas (entre ellas un policía) perdieron la vida y decenas más resultaron heridas, enfatizamos desde este Diario la necesidad de que el Ministerio Público tomara cartas en el asunto “para identificar y castigar a los responsables”.

Pero tan importante como determinar la responsabilidad de estas y otras muertes producidas durante las manifestaciones que se desataron en el país tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo es identificar e iniciar las acciones legales correspondientes también contra quienes han estado y están detrás de los episodios de violencia suscitados en medio de aquellas. Una tarea, todo hay que decirlo, a la que nuestras autoridades han tendido a abocarse con tibieza en los últimos años, en los que acciones claramente ilegales suscitadas en medio de protestas –desde la destrucción de infraestructura hasta el secuestro de personas– se han saldado sin determinar responsabilidades individuales por ellas. Esto, que no estuvo bien antes, no puede repetirse ahora.

No estamos hablando aquí de los manifestantes que vienen movilizándose sin quebrar la ley o atentar contra la vida de terceros, sino de aquellos que han hecho de la protesta una excusa para cometer acciones criminales y de quienes han venido azuzándolos o coordinando estos ataques que, más que contra una administración en específico, constituyen ofensivas contra el orden legal. Como hizo notar el exministro del Interior Carlos Basombrío en un artículo publicado en este Diario dos días atrás, acciones como la toma de un aeropuerto (y en las últimas semanas se han registrado varios episodios de este tipo en diferentes lugares) no han sido una constante en manifestaciones anteriores en un país con tantos conflictos sociales como los que registra el Perú, sino que, más bien, “responden a una lógica militar” que debe ser investigada y desentrañada por el Ministerio Público.

Del mismo modo, episodios como el asesinato del suboficial PNP José Luis Soncco, los ataques a ambulancias, los disparos a efectivos policiales con armas hechizas, los saqueos y la destrucción de infraestructura pública (como las sedes del Poder Judicial en El Collao y Puno) o privada (como la de la mina de Antapaccay en Cusco) ameritan una respuesta firme y contundente de parte de las autoridades.

La misma que se espera contra quienes han venido promoviendo la violencia tras bambalinas. Ayer, por ejemplo, la Unidad de Investigación de este Diario reveló chats en los que se aprecia a un grupo de personas coordinando actos de violencia en Puno e Ilave, como la quema de una comisaría, a los que la policía ya viene siguiendo el rastro. Y son varias las voces, por otro lado, que han advertido sobre el financiamiento por parte de economías criminales (como la minería ilegal) a determinadas manifestaciones y que también deben esclarecerse.

Para todo esto no hace falta inventar soluciones mágicas. Como mencionamos el martes en este Diario, nuestras autoridades disponen ya de las herramientas legales para sancionar a todos los que, en invocación de una deformada concepción del derecho a la protesta, quiebran la ley o incitan a otros a quebrarla por ellos. En este aspecto, la respuesta del Estado debe ser firme, pero sin salirse de los límites que le impone la legalidad.

Como mencionamos al inicio, el alarmante número de fallecidos durante las protestas y los indicios que han trascendido hasta ahora sobre las circunstancias en los que se habrían dado estos ameritan una acción contundente (y célere) del Ministerio Público. Tanto como ella, sin embargo, tampoco se pueden dejar de lado las otras investigaciones pendientes de quienes aprovechando la convulsión social no han hecho otra cosa que atacar el Estado de derecho y las garantías que nos asisten a todos los peruanos.