Editorial: Las respuestas pendientes

El apuro político en el que la moción de vacancia presidencial presentada por la legisladora Patricia Chirinos puso al Gobierno en general, y al jefe del Estado en particular, terminó dos días atrás con la votación congresal que mandó tal iniciativa al archivo. Las sombras de suspicacia que se ciernen sobre la actuación del mandatario y la de algunos de sus allegados en terrenos bastante delicados, sin embargo, no se han desvanecido junto con la amenaza de destitución. Varios de los cuestionamientos formulados como justificación de la referida moción y otros, surgidos cuando esta ya estaba en trámite, siguen en pie y demandan una pronta respuesta del mandatario; máxime si pretende evitar la pronta reposición del angustioso trance que acaba de vivir.

El Ejecutivo, concretamente, tiene que divulgar la lista de los visitantes a la casa de Breña que ha venido funcionando como despacho presidencial en la sombra. Se sabe que Palacio de Gobierno ha entregado a la Procuraduría General del Estado información sobre las reuniones que el presidente sostuvo en el lugar con diversas personas, pero eso no es suficiente: tal información debe ser de dominio público. Y en muchos de los casos, el dato sobre la identidad del visitante tiene que ser acompañado por una explicación acerca de las razones por las que el involucrado se dio cita en un contexto explícitamente extraoficial con quien lleva oficialmente las riendas del poder en el país.

La insistencia de parte del Gobierno de que no se trató en esas citas asunto de Estado alguno no pasa de ser la demanda de un acto de fe que las señas de varios de los furtivos concurrentes al inmueble hacen imposible. ¿Qué debemos pensar, por ejemplo, sobre la presencia de un ministro como Juan Carrasco en el lugar? ¿Que obedecía a una motivación personal aun cuando él declaró hace poco que hacía falta mantener “en reserva” el contenido de esa reunión porque él maneja “todo el sistema de defensa de la nación”?

¿Debemos presumir, por otro lado, alguna justificación de índole privada para la concurrencia a la casa del pasaje Sarratea de la empresaria Karelim López, asesora de Termirex S.A.C., una de las firmas integrantes del consorcio que obtuvo en octubre una millonaria adjudicación del Estado que hoy está bajo revisión? ¿Qué rol cumplía el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, en dichas citas y cuál es la real influencia del dueño del domicilio, Alejandro Sánchez, acompañante del mandatario en sus giras internacionales?

¿Y qué decir de la asistencia de Elmer García Gutiérrez, subgerente de la Central de Abastecimiento de Bienes de Essalud, separado del cargo luego de que se comprobara que mintió acerca de su identidad al ser abordado por la prensa al salir de su encuentro? ¿No supone el hecho de que fuese removido de esa responsabilidad –al igual que su acompañante Jorge Pérez de la suya: gerente central de operaciones de Essalud– la implícita admisión de que existió algo indebido en la visita?

Algo parecido cabe preguntarse, por cierto, acerca de la suerte corrida por la ahora ex gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano. Y la aparición de los congresistas oficialistas Álex Paredes y Lucinda Vásquez en el trajinado pasaje, por último, difícilmente puede interpretarse como un acontecimiento social.

Hablamos, además, solamente de los casos que la prensa logró registrar. Las probabilidades de que la casa de Breña haya recibido a otros visitantes de los que hasta ahora no se tiene noticia son, como resulta obvio, bastante altas.

Sobre todos esos nocturnos asistentes a lo que la Defensoría del Pueblo ha denominado “un despacho presidencial paralelo” requerimos, en consecuencia, detalles y precisiones. Y, ahora que la amenaza de vacancia que pendía sobre él se ha diluido, el presidente no puede pretender desembarazarse del problema alegando simplemente que todos ellos habían ido a tomar un café con él o a cenar comida típica cajamarquina.