Editorial: Las segundas oportunidades del primer ministro

El exministro de Estado y otrora congresista de la República Ántero Flores-Aráoz ha sido nombrado presidente del Consejo de Ministros. Tras la tormenta que parecía presagiar la llegada a Palacio del titular de un Congreso como el actual –esto es, con un inquietante récord de decisiones atropelladas y demagógicas en su haber–, la elección de un político experimentado para encabezar el Gabinete resulta prudente. Nada en su trayectoria, pues, sugiere que tenga interés en avalar a una administración que no vaya a respetar los cauces democráticos, especialmente los comicios de abril del 2021.

Cansados como estamos de la confusión entre lo público y lo privado verificada en los últimos tiempos, sin embargo, es razonable que los ciudadanos y la prensa nos mantengamos vigilantes ante cualquier asomo de conflicto de intereses en las personas que se estrenan en una posición de poder. En ese sentido, han llamado la atención determinadas declaraciones del nuevo primer ministro acerca de los centros de estudios superiores a los que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) les negó recientemente la licencia institucional por no cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

Consultado ayer sobre una pasada opinión suya acerca de una supuesta “obstinación” de las autoridades del Ministerio de Educación y de la Sunedu que “impiden hasta ahora que los estudiantes de las universidades privadas no licenciadas tengan posibilidad de seguir sus estudios, dándoles una segunda oportunidad a sus centros de estudios para su licenciamiento, como se hizo para las universidades públicas”, Flores-Aráoz se ratificó en ella. Aunque precisó que “no es un asunto para hoy”, insistió efectivamente en la necesidad de la pretendida segunda oportunidad. Una opción que muchos entenderían como una amenaza a los avances alcanzados hasta ahora en la reforma de la educación superior.

Pero hay más. La materia resulta particularmente delicada, en realidad, por cuanto el bufete de abogados de quien hoy es primer ministro tiene entre su cartera de clientes a una de las casas de estudios afectadas por la medida a la que nos referimos: la universidad privada Telesup.

Ejercer esa representación legal constituye, por supuesto, una opción perfectamente legítima desde la perspectiva privada. Pero ahora, Flores-Aráoz se ha convertido en una autoridad a la que deben responder el sector Educación en general y la Sunedu en particular, y preocupa la posibilidad de que esta última de pronto se vea contagiada por sus afanes de conceder segundas oportunidades.

“No voy a hacer nada en particular”, “veremos para el futuro”, ha dicho el primer ministro sobre este potencial conflicto de intereses. Pero esas frases no terminan de despejar los temores de los que hablábamos antes.

Junto con el ímpetu por aprobar la creación de nuevas universidades –una sesión para ello iba a realizarse ayer–, el de concederles licencia a las que no la obtuvieron meses atrás es, como se sabe, una de las cuestiones que más moviliza a la clase política en estos días, dentro y fuera del Congreso, por lo que el impreciso futuro aludido por el primer ministro podría presentarse antes de lo que él cree y plantearle un serio dilema.

¿Constituye esta posición personal del nuevo presidente del Consejo de Ministros un impedimento para su desempeño en el cargo? En principio, no. Pero para ganarse la confianza ciudadana que hoy tanta falta le hace al gobierno del presidente Merino, Flores-Aráoz tiene que mantenerse escrupulosamente alejado de la materia y no interferir en el trabajo que realiza la Sunedu. Queda confiar en que cumpla con su palabra de que así será. Porque en lo que concierne al establecimiento y mantenimiento de esa delicada fibra de conexión entre gobernantes y gobernados, la historia reciente nos ha enseñado que las segundas oportunidades no existen.