Módulos Temas Día

Editorial: El libro contable de la selva

La sustitución de los beneficios tributarios a la Amazonía ofrece una gran oportunidad.

Editorial

Amazonía

Para este 2018 se estima que casi S/16.500 millones, equivalentes a 2,2% del PBI, dejarán de ser recaudados como consecuencia de estos gastos tributarios.

Decíamos hace unos días que es revelador lo que se puede aprender del análisis del presupuesto público. Las partidas más gruesas y crecientes se encuentran, como es obvio, en los sectores priorizados por cada administración.

Hay, sin embargo, impulsos estatales que también son financiados con recursos públicos pero que resultan menos obvios; una suerte de presupuesto implícito del Estado. Esta billetera encubierta se financia principalmente con los llamados gastos tributarios, que incluyen exoneraciones de IGV, reducciones de Impuesto a la Renta, inafectaciones tributarias, entre otros mecanismos que disminuyen el pago de impuestos para ciertos sectores o zonas favorecidas. Así, por ejemplo, en vez de financiar directamente una actividad como la educación o la agricultura a través del presupuesto público, el Estado opta por reducir su carga impositiva.

A primera vista, la situación parece dos caras de una misma moneda, simplemente una manera alternativa de promover una actividad específica a costa de recursos públicos. Mirada con más atención, no obstante, las grietas se hacen aparentes. Quizá en ningún caso sea esto más obvio que en los beneficios tributarios concedidos a la Amazonía.

Para este 2018 se estima que casi S/16.500 millones, equivalentes a 2,2% del PBI, dejarán de ser recaudados como consecuencia de estos gastos tributarios. De estos, poco más de S/5.500 millones, o 0,75% del PBI, corresponden a los beneficios de la Amazonía, entre los que se incluyen el reintegro tributario y la exoneración del ISC e IGV a los combustibles en la selva.

Los resultados de este tratamiento diferenciado, sin embargo, son cuestionables. Según la Sunat, en el caso del reintegro tributario, “no se cuenta con evidencia de que el beneficio sea trasladado a los consumidores (un menor precio)”, mientras que en el caso de la exoneración a los combustibles “se corre el riesgo de proveer de insumos baratos al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilegales”, además de generar “un tráfico ilegal de combustibles hacia otras regiones que no gozan del beneficio”. Debería ser revelador el dato de que en Madre de Dios, precisamente donde estuvo ayer el presidente Martín Vizcarra, el consumo de combustible por vehículo en estaciones de servicio y grifos excede en 72 veces el consumo por vehículo en Lima.

Este es un ejemplo claro de un espacio en el que Ejecutivo y Legislativo podrían encontrar terreno común y trabajar para mejorar la eficiencia de la economía, combatir las actividades ilegales y fortalecer la recaudación. El caso de la región San Martín, provincia que ‘canjeó’ sus beneficios tributarios por un fideicomiso para obras de infraestructura y de donde precisamente fue gobernador el actual primer ministro César Villanueva, podría constituir una ruta por seguir: el PBI de San Martín logró crecer aproximadamente 2,6 puntos porcentuales adicionales sobre su tasa esperada entre el 2006 y el 2015 gracias a este cambio.

Pero el camino no es fácil y encontrará resistencia de los pocos que se benefician del actual esquema. Frente a ello, el gobierno y el Congreso tienen la responsabilidad de debatir para encontrar la mejor fórmula, consensuar y persuadir a los afectados y al resto de la opinión pública. En corto, tendrán que hacer política. Política de la buena, se entiende. En el contexto de las elecciones regionales por llevarse a cabo en poco más de un mes, el trabajo se hace de hecho aún más relevante.

Si en política no existen muchas oportunidades para implementar una reforma que deje satisfechos a la gran mayoría de actores, esta iniciativa debería ser evaluada con especial atención. Además de mejorar la recaudación significativamente, tiene el potencial de ordenar y hacer más eficiente el funcionamiento económico de la Amazonía, luchar contra el actual aprovechamiento de actividades ilegales, reducir los costos de cumplimiento tributario, fortalecer el crecimiento regional y, no menos importante, proveer uno de esos ansiados espacios en que gobierno y oposición podrían estar ya avanzando juntos.

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos
Ir a portada