Editorial: Los impuestos de Francke

El otorgamiento de facultades legislativas desde el Congreso hacia el Ejecutivo al inicio de cada período de gobierno ha sido una tradición. Es una manera de hacer más expeditiva parte de la agenda del nuevo presidente y, también, una demostración de confianza –un espaldarazo– a la administración entrante.

Esta ocasión, sin embargo, debería ser la excepción. Como se sabe, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, presentará esta semana ante el Congreso un proyecto de ley que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. La iniciativa legislativa incluye varios aspectos como la modificación de impuestos a la minería, el aumento de tasas a personas naturales, la unificación de los regímenes de empresas de menor tamaño, entre otros.

El Congreso debiera abstenerse de acceder al pedido. En primer lugar, la cantidad de los puntos solicitados a los parlamentarios –así como la poca precisión en cada uno respecto de qué, exactamente, se pretende hacer– es una clara señal de alarma. Delegar amplias facultades legislativas en asuntos sumamente sensibles a un gobierno que genera más bien desconfianza en materia económica sería imprudente. Si el MEF dispone de buenos proyectos de ley que quisiera ver convertidos en legislación activa, siempre puede seguir la ruta regular y enviarlos al Congreso para su evaluación.

En segundo lugar, el pedido de facultades transpira un error conceptual de fondo. La solicitud del MEF se basa, principalmente, en elevar la presión para quienes ya pagan impuestos en vez de hacer los esfuerzos necesarios para expandir la base tributaria. Ese es el camino fácil –exigir aún más de los mismos contribuyentes formales–, pero también el menos efectivo y menos justo. En un país con 78% de informalidad laboral y buena parte de la economía debajo del radar de la Sunat, el MEF prefirió la solución simplista y demagógica: que quienes tienen y tributan paguen más. Por su lado, las lamentables declaraciones del ministro respecto del sinsabor que le genera ver carros de alta gama en el Perú complementan el punto. En su visión, subir los impuestos no solo es un tema económico; se trata también de una suerte de reivindicación de clase. El Congreso no debe ser partícipe de tal enfoque.

En tercer lugar, el momento elegido para elevar la presión fiscal no es oportuno. El país viene saliendo de una de las peores crisis económicas de su historia, el mercado laboral sigue resentido y varios sectores aún no están cerca de sus niveles de producción prepandemia. En vez de pensar en cómo obtener más recursos fiscales, la prioridad del MEF debería ir por dejar la mayor cantidad de liquidez posible en manos de familias y empresas para relanzar un crecimiento económico que –debido a las limitaciones del propio gobierno– tiene pobres perspectivas en el 2022.

Finalmente, la pregunta de fondo es: ¿para qué partidas presupuestales necesita el MEF estos nuevos recursos? El Estado Peruano, sabemos, es un océano de ineficiencia e incapaz de ejecutar buena parte de su presupuesto para inversión. Y si no es dinero para inversión pública –pues tampoco hay mayores propuestas respecto de ganancias en eficiencia del Estado–, la única alternativa es suponer que el MEF impulsa nuevas fuentes de ingreso para financiar más gasto corriente en forma de bonos, sueldos de funcionarios y otros rubros similares.

Por donde quiera que se mire, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo no debería pasar los filtros de análisis del Congreso. El Estado Peruano necesita siempre más recursos, pero así no.