Los preámbulos del mensaje

El Perú cumple 201 años de independencia esta semana, pero los ánimos de celebración están al mínimo. Quien dará el discurso este 28 de julio será un presidente tremendamente debilitado y que se ha colocado a sí mismo en una posición límite. Por lo mismo, el mensaje de Fiestas Patrias podría traer exabruptos populistas o ataques institucionales que –a juicio del mandatario Pedro Castillo– fortalezcan su situación frente a una ciudadanía sobre la que ha perdido legitimidad y que pide su salida.

Un adelanto de lo que podría traer el mensaje de este jueves quizá está en el reciente Decreto Supremo 014-2022-TR, que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, publicado ayer. Esta disposición plantea cambios significativos en las relaciones laborales y presenta serios problemas de forma y fondo.

Respecto de la forma, el decreto –a pesar de tratar sobre asuntos laborales– no fue debatido en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) previo a su aprobación y contraviene o sobrepasa la ley en distintos aspectos, según especialistas. El Ejecutivo, sin duda, tiene poder para modificar diversos puntos de las relaciones laborales, pero estos cambios deben darse dentro del marco institucional vigente. Este no habría sido el caso.

Respecto del fondo, la norma rompe el equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores al fortalecer desproporcionalmente a los sindicatos. El decreto promueve mayor afiliación a estos desde el Estado; incentiva la constitución de mayor número y tipo de ellos; extiende su poder de negociación; facilita las huelgas; y limita las respuestas de las empresas ante medidas de fuerza, entre otros puntos delicados.

En el Perú es una pequeña minoría de trabajadores los que son formales y pertenecen a sindicatos, de modo que los potenciales beneficiados serán pocos. Pero eso no es lo mismo que señalar que su impacto será menor. En medianas y grandes empresas, el decreto subirá las tensiones entre trabajadores y empleadores, al tiempo que desincentiva la contratación. Es decir, la disposición del Ejecutivo perjudica de forma gratuita y arbitraria precisamente a los generadores más importantes de empleo formal productivo en el país. El Perú vivió este escenario de confrontación ya en los años 70 y 80, y las consecuencias para la economía las conocemos todos.

Pero la promoción de la confrontación, por supuesto, no debería sorprender, pues no deja de ser característica de la actual administración. En momentos en que el empleo adecuado y los ingresos siguen significativamente por debajo de los niveles previos a la pandemia, el gobierno opta por entorpecer la actividad productiva, con lo que el estudio de abogados Vinatea & Toyama llama “los mayores cambios en 30 años” en materia de relaciones sindicales, negociaciones colectivas y huelgas.

A poco de cumplirse el primer año de gobierno, el presidente Castillo y su equipo quizá son de la opinión que este tipo de normativas los ayudará a ganar apoyo popular aun a costa de sus consecuencias económicas reales. La verdad es que ya es incluso muy tarde para eso. El deterioro de la figura del mandatario es tal que ningún decreto supremo o proyecto de ley que pueda plantear en su mensaje de Fiestas Patrias, por demagógico y polarizador que sea, ayudará a limpiar su alicaída imagen. Eso no implica, no obstante, que no lo intentará, y la fuente de donde brotó esta pobre idea para cambiar las relaciones laborales seguro tendrá más desatinos que ofrecer en los siguientes días.