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Editorial: Muevan las industrias

No es rol del Estado comprar los excedentes de ninguna industria, como propone el último proyecto de ley de la congresista Aramayo.

Editorial

Biocombustible

La compra de productos para defender la industria no es parte del rol del Estado. (Foto: Mininter)

Las maneras de hacer populismo económico desde la función pública son consistentes y predecibles. Estas incluyen, por ejemplo, el subsidio estatal indiscriminado a bienes y servicios, la contratación innecesaria de servidores públicos, la sobreprotección al consumidor, o la defensa de las industrias nacionales a través de aranceles u otros límites a la importación. Consistentemente, también, los que esperan beneficiarse de estas prácticas son los políticos que las suscriben y los grupos de influencia que las impulsan, mientras que quienes pagan por la ineficiencia y el despilfarro son los contribuyentes.

La iniciativa legislativa que propone hoy la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) es fiel a la tradición descrita. El proyecto de ley 3325 tiene como objetivo modificar la Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, para, entre otras cosas, que el Estado pueda comprar los excedentes del biocombustible producido localmente. Según representantes de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú, hay 90 mil toneladas de excedentes, por lo que el Estado debería “poner de su parte”.

En este contexto, no está de más recordar que en el origen del problema, de hecho, estuvo el propio Estado, que promovió en el 2005 la plantación de aceite de palma, insumo usado para hacer biocombustible. Así, a pesar de que pueda ser más eficiente para el mercado local importar el producto desde otros países, la congresista impulsora del proyecto aseguró que ella tiene claro “que estamos en una economía de mercado, pero lo que no puede hacer el Estado es eludir una responsabilidad como promover la industria nacional”.

Lo cierto es que, a pesar de la aclaración, quedan dudas sobre lo que entiende la parlamentaria al referirse a economía de mercado. El mercado se desarrolla libremente cuando el Estado no usa los recursos de los contribuyentes para dirigir o premiar determinada actividad económica, que es precisamente lo que propone su proyecto de ley. Con el mismo principio, desde estas páginas nos pronunciamos en contra de la compra de excedentes de papa por parte del Gobierno hace casi exactamente un año, producto cuyo precio cayó debido a la sobreoferta.

Parte de los argumentos del proyecto de ley descansan sobre un supuesto dumping en el producto (subsidios estatales en el país de origen). Las acusaciones de este tipo, sin embargo, se ventilan en instancias distintas del Congreso de la República, y lo que correspondería en cualquier caso es la acción correctiva del Indecopi (que de hecho ha actuado ya en los casos del biodiésel estadounidense y argentino), y no una norma que pervierta la función del Estado permitiendo la compra de productos que no requiere para operar.

La reacción del Ejecutivo por el momento ha sido precavida. Consultado respecto al proyecto de ley, el viceministro de Hidrocarburos, Edgardo Guevara, dijo que la iniciativa aún está revisándose, pero que, si este propone que el Estado sea el comprador del producto, quizá haya que reorientarlo, pues “la clave es que el mercado decida”.

Quizá el problema de fondo está en lo que entiende la congresista y parte de su grupo parlamentario en cuanto a la responsabilidad del Estado en la “promoción de la industria nacional”. La compra de productos para defender la industria no es parte del rol del Estado, ni es lo que se debería impulsar desde el Legislativo, pero sí lo es la mejora de la competitividad, el fortalecimiento del sistema de justicia para hacer cumplir contratos, y de la infraestructura para mover productos, la reducción de la carga burocrática para operar adecuadamente, etc. Negar esa agenda pendiente, como se ha hecho en los últimos años, sí es eludir la responsabilidad de promover la industria nacional.

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