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Editorial: Negocios peligrosos

El último episodio del Caso Odebrecht demuestra que la ley está siendo igual para todos.

Editorial

Caso Odebrecht

Caso Odebrecht

Ayer cuatro de los cinco empresarios investigados por su presunta participación en el pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht fueron trasladados al penal Ancón I para cumplir el orden de prisión preventiva.

Si a alguien le quedaban dudas de que el Caso Lava Jato en el Perú pudiera terminar golpeando a todos los sectores involucrados, público y privado, la noticia madrugadora de la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho emitida ayer debe haberlas despejado.

El magistrado a cargo de la investigación preparatoria aceptó el pedido del fiscal Hamilton Castro y dictó prisión preventiva para los máximos representantes de las empresas que participaron en consorcio con Odebrecht en la licitación y construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña (Graña y Montero), Fernando Camet Piccone (JJ Camet Contratistas Generales) y José Castillo Dibós (ICCGSA). Además, dispuso el arresto domiciliario para Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero).

La decisión viene siendo comentada desde distintas aristas. Por el lado político, se discute si es que esta ha sido o no influida por la presión que Fuerza Popular ha ejercido sobre el Ministerio Público. Desde la perspectiva jurídica, se plantean dudas a la proliferación de mandatos de prisión preventiva, con el riesgo consecuente de que la medida excepcional se convierta en una suerte de castigo anticipado. Hay un aspecto distinto, sin embargo, que quisiéramos destacar en esta oportunidad, y es el del mensaje que el Caso Lava Jato viene dando al empresariado peruano.

De acuerdo a la imputación del fiscal Castro, los directivos de estas compañías no solo conocían de la coima pagada por Odebrecht para hacerse de la construcción de la carretera Interoceánica, sino que también retribuyeron proporcionalmente dicho monto a la constructora brasileña. Es decir, fueron sus cómplices en la corrupción.

Las pruebas aportadas por el Ministerio Público en la audiencia que culminó ayer incluyen el testimonio del otrora superintendente de Odebrecht en el Perú y actual aspirante a colaborador eficaz, Jorge Barata, quien había declarado ante las autoridades peruanas que los consorciados “sabían que habíamos pagado [un soborno] y sabían que tenían que asumir lo que correspondería”. Y también la información de un extraño reparto de utilidades acordado por los integrantes del consorcio, por el cual los socios de Odebrecht cedieron en total a esta última más de S/41 millones por concepto de los “riesgos adicionales” que supuestamente había asumido para la ejecución de las obras y en consideración a que “su papel ha[bía] sido determinante en la obtención de resultados”. Un sospechoso acto de desprendimiento que para la fiscalía representa el vehículo por el cual las empresas peruanas compensaron a Odebrecht por sus ilícitas gestiones con el ex presidente Alejandro Toledo.

Como habíamos señalado en este Diario ya en enero de este año (Editorial: “Los socios de Odebrecht”, 30/1/2017), incluso antes del pedido de prisión preventiva el panorama para los socios de Odebrecht se vislumbraba sombrío y ameritaba la investigación en su contra. Pues generaba suspicacia su versión de que, pese a tratarse de proyectos de larga duración y a las irregularidades que surgieron en el proceso de licitación previa, las constructoras nacionales hubieran sido nada más que las ingenuas acompañantes que ignoraron los tratos ilícitos de su par brasileña y solo percibieron sus beneficios. Así, planteamos ahí varias preguntas que siguen siendo relevantes: “¿Nunca supieron o escucharon nada acerca de los tratos ilícitos de Odebrecht? ¿No les generó suspicacia las irregularidades advertidas en algunas de las licitaciones? ¿No tenían algún grado de control, o supervisión siquiera, en las postulaciones a estos grandes proyectos? ¿Qué tipo de filtros implementaron al momento de escoger a una compañía con la que se iban a asociar en proyectos de 20, 30 y hasta 40 años?”.

Así las cosas, con prescindencia del resultado final del juicio que se les sigue a los socios de Odebrecht, el Caso Lava Jato está dejando lecciones tan claras como valiosas para el empresariado: que no se puede hacer negocios de cualquier forma, y que la ley se aplica a todos. Incluyendo a los más poderosos.

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