Editorial: Parsimoniosos

Ayer, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, citó al presidente Pedro Castillo para el próximo 14 de diciembre. El requerimiento se enmarca en las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público por las presiones que –según han denunciado dos ex comandantes generales de las FF.AA.– el exministro de Defensa, el exsecretario de la Presidencia y el propio mandatario habrían ejercido para tratar de favorecer algunos nombres en los ascensos de las instituciones castrenses. Como sabemos, los testimonios de los altos mandos son graves, al igual que lo que hemos conocido sobre el señor Bruno Pacheco y lo que parece ser un ‘modus operandi’ para presionar también a las cabezas de otras instituciones, por lo que podríamos decir que la decisión tomada por la fiscal Ávalos es pertinente.

Lamentablemente, esta misma claridad de ideas no ha sido frecuente en la fiscalía cuando de evaluar los serios indicios que comprometen al Gobierno se trata. Dos días atrás, por ejemplo, el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, afirmó que “no se ha establecido indicios de algún tipo de delito” respecto de las reuniones que el presidente sostenía en la casa de Breña, a pesar de las advertencias de la contraloría sobre las normas que dichos encuentros transgredían, con ministros, congresistas, empresarios o personas vinculadas a firmas que han ganado millonarias licitaciones con el Estado hace poco. Hasta donde sabíamos, un fiscal se encarga de seguir las huellas de un delito allí donde aparecen indicios de que algo huele mal; no intenta quitar rápidamente la paja cuando una sospecha recién comienza a dibujarse.

Si las citas en la casa de Breña dieron lugar a ilícitos o no, es algo que solo podría determinarse luego de las investigaciones respectivas. En ese orden de ideas, lo que correspondería es que la fiscalía comience a recurrir a los mecanismos que la ley le otorga para luego responder a dicha pregunta; esto es, que haga su trabajo.

Por lo demás, no es la primera vez que hemos cuestionado desde esta página las decisiones del fiscal Tello. Hace meses, por ejemplo, lamentamos su determinación de rechazar el pedido de la fiscal a cargo del caso de Los Dinámicos del Centro, Bonnie Bautista, y del procurador anticorrupción Javier Pacheco para que el caso fuera trasladado desde Junín a Lima (algo que, afortunadamente, rectificó poco después). Hace poco, además, llamamos la atención sobre la circunstancia de que el Ministerio Público no haya solicitado el allanamiento de la casa del señor Bruno Pacheco (quien, como sabemos, ocultaba US$20 mil en el baño de su despacho y entregó un celular recién comprado a las autoridades en un claro intento por obstruir la investigación en su contra). El fiscal Tello, además, ha sido cuestionado por demorar en su momento la detención preliminar de los integrantes de Los Dinámicos del Centro que hoy se encuentran prófugos. Recordemos que, en agosto pasado, entrevistado por “Perú21″, reveló la operación cuando esta todavía no se había realizado ni era pública.

En el Congreso, por su lado, también parecen tomarse el asunto con lentitud. Como sabemos, en agosto se aprobó la creación de una comisión multipartidaria para investigar “las presuntas irregularidades o presuntos ilícitos cometidos durante los primeros días de gobierno” del mandatario “referidos a la vulneración del principio de transparencia en el desarrollo de su gestión”. Esto, luego de que se conociesen las primeras reuniones mantenidas en la casa de Breña por el jefe del Estado apenas accedió al cargo.

Casi cinco meses después, sin embargo, la comisión –que debía trabajar durante 30 días– ni siquiera se ha instalado. ¿Cómo podrían, en consecuencia, los partidos políticos con presencia en el Congreso demandar celeridad de la fiscalía en este caso si ellos mismos parecen tomarse el asunto a paso parsimonioso, cuando no con indiferencia?

Hasta ahora, los indicios revelados por los medios de prensa sobre las visitas del presidente a la casa de Breña y sobre los nexos de alguno de sus invitados con su gobierno no son poca cosa. Desafortunadamente, parece que ni en el Congreso ni en la fiscalía lo ven de la misma manera.