Revelaciones sin sorpresas

Las investigaciones sobre casos de corrupción que involucran a organizaciones criminales que operan en una multiplicidad de instituciones, se sabe, pueden tomar un tiempo en construirse desde la fiscalía. Cuando el Ministerio Público acierta en su labor, los indicios, los testimonios y las evidencias que logra acumular a lo largo de meses van dibujando –poco a poco, pero con nitidez– el funcionamiento de la red delincuencial, sus participantes y sus métodos. La imagen final debería ser suficientemente clara y contundente como para lograr sentencias firmes ante un juez.

Las carpetas fiscales que se siguen en contra de integrantes del Gobierno y sus allegados son, por naturaleza, complejas, pero de cualquier modo no deja de ser notable la velocidad con la que las piezas han empezado a caer en orden. Ayer, la Unidad de Investigación de este Diario reveló, por ejemplo, que un USB entregado por Karelim López, como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, contenía un listado de obras públicas con las respectivas empresas ganadoras de cada licitación. El detalle: la fecha de la última modificación del archivo en el USB es anterior a la adjudicación de la buena pro de cada obra. En otras palabras, los ganadores habrían estado decididos de antemano. De acuerdo con López, la información provendría de la computadora de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno y también colaborador eficaz.

En el centro de la controversia aparecen dos actores de forma consistente. El primero es la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. Esta es liderada por Roberto Aguilar Quispe, un joven de 27 años, sin propiedades ni vehículos a su nombre, pero que desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo ha firmado contratos con el Estado por más de S/580 millones. El segundo es un grupo de empresas chinas, varias de la cuales son socias de INIP. Todas las obras resaltadas en el listado del USB tienen al menos a una compañía contratista de procedencia china, lo que invita a reflexionar sobre el control y supervisión al que deben estar sujetas estas entidades internacionales para contratar con el Estado.

La ocasión debe servir también para recordar que han transcurrido ya más de tres meses desde que Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad a cargo de estas obras, pasara a la clandestinidad de manera escandalosa. Silva, de acuerdo con la tesis de la fiscalía, sería cómplice del presidente Castillo en un entramado de corrupción al más alto nivel del Estado. Las circunstancias de la desaparición de Silva, para quien el Ministerio Público había solicitado a la policía medidas de videovigilancia cinco días antes, se pueden sumar a la abultada carpeta de indicios de obstrucción de la justicia que recae sobre el mandatario.

El contenido del USB provisto por López es significativo, pero difícilmente puede considerársele inesperado. Más bien, aporta a la construcción de un caso bastante contundente que tiene ya la fiscalía entre manos, con testigos, colaboradores eficaces, recibos, actas y demás elementos necesarios para reconstruir la operación de la supuesta red criminal.

Mientras el Ministerio Público hace su trabajo, resta ver qué reacción suscita en los responsables del control político este constante flujo de evidencias que, a decir verdad, tiene más de reconfirmación que de novedad. El país sigue esperando.