Editorial: Tardanza anunciada

Insistir en la importancia de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea elegida y empiece a funcionar cuanto antes parece un ejercicio ocioso. Ha pasado más de un año desde que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la entidad que tenía a su cargo las responsabilidades que ahora le tocarán a esta, fue declarado en emergencia (posteriormente fue desactivado) y dejó de operar. Y la cantidad de tareas acumuladas desde entonces es abrumadora y aumenta día a día: entre jueces y fiscales, serán ya más de 1.800 los que habrán cumplido a fines del 2019 los siete años que la ley estipula para que sean evaluados con miras a su ratificación. Y si la situación se mantiene así hasta fines del 2020, el número habrá ascendido a más de 3.000.

Por eso, el fiasco en el que acabó el primer proceso de selección, en junio pasado, motivó tantas críticas y demandas de que el segundo fuera planteado de una manera tan cuidadosa como expeditiva.

Pues bien, un análisis de las bases para este nuevo concurso, emitidas el 19 de setiembre, dio pie ayer a una nota de este Diario en la que se da cuenta de los riesgos que amenazan el urgente inicio de las actividades de la JNJ.

En apretada síntesis, los problemas que se avizoran son los siguientes:

Según el cronograma establecido, la prueba de conocimientos a los candidatos se realizará el 3 de noviembre y los resultados se publicarán al día siguiente. La prueba, sin embargo, será oral y tomará 120 minutos (90 dedicados a resolver un caso práctico, y 30 entre exposición y preguntas del comité técnico evaluador). Si tomamos en cuenta que en la primera convocatoria se presentaron más de cien abogados y asumiendo que en esta ocasión el número de postulantes podría acercarse a esa cifra, el cálculo de lo que tomarían todas las evaluaciones es desalentador. La nota publicada ayer señala que, en el mejor de los escenarios, un comité técnico solo podría evaluar a 16 participantes si trabajase ocho horas al día y que, en consecuencia, para culminar con esa etapa del concurso en un solo día –como se ha ofrecido–, se tendría que convocar a varios comités técnicos que trabajasen en paralelo. Un inconveniente al que se suma el hecho de que, salvo por la indicación de que los evaluadores deberán inhibirse si la tarea que tienen por delante plantease algún conflicto de intereses, los criterios para la selección de estos jurados no están especificados en las bases.

Un segundo problema es que, según advierte la especialista en derecho administrativo Verónica Rojas, no se han determinado los requisitos mínimos que los evaluadores deberían cumplir ni cánones uniformes para que la evaluación de conocimientos sea imparcial, objetiva y efectiva. Si cada jurado maneja criterios subjetivos y distintos para evaluar al grupo de postulantes que tendría a su cargo, es de imaginar lo disparejos e inadecuados que podrían ser los resultados.

En ese mismo orden de cosas, se ha establecido una nota máxima (30 puntos), pero no una mínima aprobatoria. Y si recordamos que en la evaluación anterior solo 3 de los 104 aspirantes lograron pasar el piso requerido de 65 puntos, el riesgo de la situación que describimos es evidente. De acuerdo con las bases, los que ocupen los 28 primeros lugares pasarán: un criterio que solo establece prioridades dentro del cerrado universo de los candidatos.

En suma, un panorama que hace temer que la JNJ llegará… pero tarde.

¿Cuántos postulantes se han inscrito hasta ahora para el concurso? Y, más importante todavía, ¿se pueden cambiar o precisar estas bases antes del 3 de noviembre para evitar lo que se vislumbra como una nueva demora anunciada? Esas son las preguntas que la comisión especial encargada del proceso tiene que responder a la brevedad. Pues lo que peligra, al fin de cuentas, es la calidad de la institución cuya tarea será velar por la probidad de quienes administrarán la justicia. El final infeliz del CNM debería habernos aleccionado sobre las consecuencias de fallar en esta labor.