Editorial: Tropezando con la red

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, enfrenta una situación crecientemente incómoda. A la información sobre sus comunicaciones con el prófugo exjuez César Hinostroza (que él negó en su momento y luego tuvo que admitir) y otros integrantes de la presunta red de los Cuellos Blancos, se añaden ahora dos nuevas revelaciones: una que trata con contenido abiertamente irregular, y otra que ahonda en la cercanía de su relación con el empresario hotelero Salvador Ricci.

Respecto a la primera, según ha referido el propio Lecaros, a fines del 2017, cuando era presidente de la Primera Sala Transitoria, el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe lo buscó para solicitarle una “ayuda” con una casación que había sido interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas Barnechea con respecto a la condena que había recibido por mentir en su hoja de vida.

La dolosa petición no fue atendida (es decir, la casación se declaró infundada), pero le correspondía a Lecaros denunciarla ante las autoridades y eso no ocurrió. Según ha consignado “Perú21”, en opinión de especialistas como el exprocurador anticorrupción Iván Meini y el abogado Luciano López, ello podría configurar el delito de omisión de denuncia. Han señalado ellos también que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, o la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podrían iniciarle al alto funcionario una investigación al respecto.

Se han escuchado asimismo en estos días voces que reclaman que el titular del Poder Judicial se inhiba de evaluar la situación de Marco Falconí en la JNJ, porque comparte con él la circunstancia de haberse comunicado con Hinostroza.

Y respecto a la segunda, como ha reportado este Diario, Lecaros y Ricci intercambiaron 30 llamadas entre setiembre y diciembre del 2016, período que coincide con la época en la que Lecaros postulaba a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y en el que una jueza emitió un fallo a favor del empresario para indemnizarlo por más de S/14 millones por haber perdido las acciones del hotel María Angola.

Así, si sumamos sus comunicaciones con los otros exmiembros del CNM Iván Noguera Ramos y Guido Aguila Grados, el cuadro es inquietante, pues, como hemos apuntado antes en estas páginas, una persona que ocupa el más alto cargo en el sistema de justicia nacional no solo necesita mantener una conducta intachable, sino que su imagen sea la de un funcionario íntegro y transparente.

Además, conviene tener en cuenta que si los Cuellos Blancos llegaron a acumular tanto poder en ese mismo sistema no fue solo por los cargos que cada uno de ellos ostentó dentro de su estructura o por la cantidad de personas que lograron arrastrar dentro de la organización, sino también por la indiferencia o el silencio de quienes pudieron haber detectado sus torcidas prácticas. No señalarlos o exponerlos puede ser considerado, en ese sentido, una forma de complicidad.

Vista así, la pérdida de memoria que le hizo “garantizar” que nunca había hablado con Hinostroza por teléfono adquiere ribetes dudosos. Sospechar de cualquier llamada con el referido exmagistrado puede ser exagerado, pero si se la pretende ocultar, la sospecha es la consecuencia natural.

Es quizás inevitable para quien ha formado parte por tanto tiempo del sistema de justicia no haber cruzado caminos en algún momento con uno o varios de los miembros de la red hoy bajo investigación. No obstante, tropezarse con ella cada tres pasos comienza a parecer un exceso de mala suerte.

La investigación y las inhibiciones que sugieren los ya mencionados especialistas, por lo pronto, serían un buen punto de partida para empezar a, literalmente, desenredar este cabo de la madeja que tiene anudado el proceso de reforma de la justicia a las historias personales de quienes supuestamente son sus protagonistas.