Editorial: Un barril vacío

Hay proyectos de ley pobremente concebidos, otros operativamente inejecutables, algunos dispendiosos y aun otros simplemente inconstitucionales. Pocas veces se encuentran proyectos que cumplan con todas estas características a la vez.

Sin embargo, este es el caso del ‘Proyecto de ley que habilita a los exaportantes a la ONP a solicitar la devolución del 100% de sus aportes al Sistema Público de Pensiones’. Como su nombre describe, la iniciativa busca restituir las contribuciones de los exaportantes a la ONP mayores de 55 años, siempre que no hayan cumplido con 20 años de aportación (a partir de ese momento, los afiliados ganan el derecho a pensión). Para los aportantes activos, con un empleo formal dependiente, el pago sería de hasta una UIT (S/4.300). Esta semana, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. Quedó listo entonces para el debate en el pleno.

El proyecto carece de base económica o legal. Lo más relevante es comprender que la ONP –como cualquier sistema de reparto y a diferencia de la estructura de cuentas individuales de las AFP– no tiene un fondo disponible de dónde retirar ahorros. Los aportes de los afiliados a la ONP van directamente a pagar a los pensionistas. De hecho, estos aportes no alcanzan para cubrir las transferencias a sus jubilados, de modo que tienen que complementarse con recursos de los contribuyentes.

Así, una “devolución” masiva de ahorros supondría recurrir al Tesoro Público para pagarla. Aunque aún no está bien definido quién califica como “exaportante”, y otros detalles importantes han quedado como vacíos legales, el costo preliminar de la norma estimado por la ONP asciende a S/7.438 millones, equivalente a 1% del PBI o casi todo el presupuesto del Ministerio de Salud de este año. La ONP, huelga decir, no tiene estos recursos, ni muchísimo menos. La necesidad, entonces, de incurrir en gasto público para financiar las “devoluciones” haría el proyecto inconstitucional.

Otra consecuencia obvia de estos retiros pensionales prematuros es la falta de soporte financiero a la vejez. Las personas que aún no completan los 20 años de aporte podrían seguir contribuyendo vía trabajo o de forma voluntaria (facultativa) hasta alcanzar los años mínimos que dan derecho a pensión. En cambio, con este proyecto estarían renunciando a la cobertura de la ONP, lo que los expone a la pobreza en la vejez. Es cierto que se requiere de manera urgente una solución justa para quienes, a pesar de haber aportado a la ONP, no recibirán pensión alguna por no cumplir las dos décadas de contribución, pero esta no es la forma responsable de hacerles justicia.

Operativamente, el proyecto tampoco funciona. La ONP mantiene un pobre registro sobre los aportes de sus propios afiliados, sobre todo de los realizados antes de 1999. En la medida en que no hay cuentas individuales sino aportes a un pozo común, se hace muy difícil identificar cuánto aportó qué afiliado, y por tanto calcular la “devolución”. Por si fuera poco, y aún con esta enorme limitación técnica, el proyecto dispone que se atiendan las solicitudes en un máximo de 30 días hábiles, “bajo responsabilidad del funcionario a quien se asigna el formulario de solicitud”.

Es entendible que, en un primer momento, el ímpetu político de emular los retiros que se permitieron recientemente a los afiliados a las AFP haya dado pie a este proyecto. Pero llegado este punto –y con las pertinentes explicaciones que han alcanzado al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SBS–, para los congresistas tendría que haber quedado clara ya la absoluta inviabilidad de la norma. Si aún así mostrasen una posición favorable en el pleno cuando esta se debata, solo podría deberse a ignorancia voluntaria, populismo desmedido, o una insidiosa combinación de ambos factores.