Ayer, un informe de Apoyo Consultoría publicado por El Comercio reveló que cerca de 250.000 personas han abandonado el mercado laboral limeño por una razón que nada tiene que ver con sus habilidades ni con la falta de vacantes: el tráfico vehicular les robó la posibilidad de trabajar. De ellas, 170.000 son mujeres. No fueron despedidas por bajo desempeño; simplemente dejaron de poder llegar a tiempo. En una ciudad en la que el traslado promedio al trabajo pasó de 1 hora y 7 minutos a 1 hora y 43 minutos en apenas 15 años, movilizarse se ha convertido en un acto de resistencia cotidiana que, para muchos, ya no vale la pena.
Las cifras dibujan un panorama desolador. Trece distritos de Lima y el Callao —que concentran a un cuarto de su población— registran tiempos de traslado superiores a dos horas. Solo el 18% de los empleos formales resulta accesible en menos de 45 minutos usando transporte público. Cada media hora adicional de viaje se asocia con casi una hora menos de trabajo efectivo, y el 30% de los trabajadores formales encuestados ya considera cambiar de empleo únicamente por la distancia. Según el Banco Mundial, la congestión le cuesta a la economía peruana el equivalente al 1,8% del PBI cada año: una sangría silenciosa que se contabiliza en miles de millones.
Lo más frustrante es que el problema no radica en el número de vehículos. Otras ciudades de la región tienen más automóviles por habitante y, sin embargo, menos tráfico. La diferencia está en la gestión: en infraestructura vial planificada, en sistemas de transporte público integrados y en semaforización inteligente. Lima Metropolitana, en cambio, arrastra un modelo de transporte atomizado donde aproximadamente 27.000 unidades —muchas de ellas combis informales— compiten por las mismas vías sin coordinación alguna, mientras el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del metro apenas cubren el 12% de los viajes en transporte público.
Las autoridades no pueden alegar ignorancia ni falta de recursos. Existe un proyecto para modernizar 488 intersecciones semafóricas con financiamiento del Banco Mundial y un retorno social estimado superior al 100%. Está listo. Pero no se implementa. ¿Cuántas señales más necesitan los gobernantes para actuar? Sin el deterioro de la movilidad, habría un 7% más de mujeres empleadas en Lima. Eso no es una estadística menor: es la medida exacta de oportunidades destruidas por la negligencia.
La capital no tiene un problema de tráfico; tiene un problema de voluntad política. Y en este Diario lo sabemos bien, pues hace ocho años se inició la campaña #NoTePases con este objetivo: y es que cada día que pasa sin decisiones efectivas, la ciudad deja sin empleo a cientos de trabajadores, castiga desproporcionadamente a quienes viven lejos de su lugar de trabajo y dilapida su propio potencial económico. La congestión dejó de ser un inconveniente: es un costo que económica y socialmente Lima ya no debería de seguir pagando.
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