La prisión preventiva que cumple el expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre y por su presunta condición de cabecilla de la red criminal que funcionó en su gobierno no le impide recibir visitas. Existen algunas, sin embargo, que son ilegales y otras que tendrían que ser evitadas porque podrían perjudicar las investigaciones de las que es objeto.
En ese sentido, un reportaje del programa “Cuarto poder” reveló el último domingo que el exmandatario es visitado, por ejemplo, por Henry Shimabukuro, su exasesor investigado por el caso del ‘Gabinete en la sombra’, y por su sobrino Gian Marco Castillo Gómez, indagado por los delitos de colusión y organización criminal en el Caso Puente Tarata III. El informe destacó, asimismo, que otro de los concurrentes al referido penal es Cledin Vásquez Castillo, hermano de Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra prófugo de la ley desde hace más de 500 días.
De los tres visitadores, el más objetable es Gian Marco Castillo Gómez, pues este ha conseguido llevar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, entre las que se encuentra la de no comunicarse con sus coinvestigados… como el exgobernante. Interrogado sobre el particular, Castillo Gómez ha afirmado: “Yo vengo como familiar […], a ver sus temas de salud, a traerle unas cositas”. Para luego añadir: “Yo tengo restricciones, pero ¿qué pueden variar?”. Como es obvio, no obstante, el rigor de tales restricciones no es un asunto respecto del cual él pueda actuar con discrecionalidad. La prohibición es absoluta y ahora lo que corresponde es que tanto él como los responsables de que esta irregularidad haya podido suceder se hagan cargo de las consecuencias de su proceder.
La visita de Shimabukuro, por otra parte, también es cuestionable y por razones muy parecidas a las ya expresadas en el ejemplo anterior. El caso que lo involucra tiene también al ex jefe del Estado como uno de sus protagonistas y, por lo tanto, el contacto entre ellos es inconveniente para las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Y, aunque en menor grado y de manera indirecta, el mismo razonamiento es aplicable a las visitas de Cledin Vásquez Castillo.
Mención aparte, por cierto, merecen las distintas versiones sobre las circunstancias por las que la congresista Silvana Robles, otra de las visitantes del golpista, acabó regresando del penal en el vehículo de Shimabukuro.
Resulta sintomático, al mismo tiempo, el nerviosismo que las revelaciones del reportaje ha producido en algunas autoridades. En declaraciones a la prensa, el titular del Interior, Vicente Romero, se apresuró a señalar: “Si esto ha habido, simple y llanamente tanto el INPE como la policía tienen que deslindar responsabilidades”. Según dijo, el primero maneja los protocolos de visitas y la segunda está a cargo de la estructura física del recinto penitenciario a través de la Dirección de Operaciones Especiales. Lo que omitió, sin embargo, el ministro fue la precisión de si existía en esta situación un responsable político. Y las razones de tal omisión no son difíciles de adivinar.
La verdad es que, una vez detenido, Pedro Castillo se ha ido transformando paulatinamente en un personaje sin mayor peso político, lo que ha ocasionado seguramente que la atención del Ejecutivo sobre su situación haya ido también disminuyendo. Pero las implicancias de los casos de corrupción y de atentado contra el orden constitucional en los que está comprendido son enormes y determinantes para que los eventuales responsables de tales delitos –empezando por él mismo– sean condenados y paguen sus culpas. El régimen de visitas a Pedro Castillo, en consecuencia, tiene que ser administrado con arreglo a ley y pulso firme, y eso no parece ser lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. El ministro Romero tiene todavía explicaciones que dar y tareas por acometer que la opinión pública sin duda estará vigilando.
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