Para operar adecuadamente, una democracia demanda procesos robustos. La deliberación política honesta, los controles y balances entre poderes del Estado, y la celebración de comicios limpios son algunos requisitos indispensables. Pero la democracia necesita aún más. Necesita confianza ciudadana en que estos procesos son justos.
Es por eso que deberían llamar la atención los resultados de la encuesta de Datum que publica hoy El Comercio. Aproximadamente dos de cada tres peruanos desconfían de la transparencia de los organismos electorales para llevar a cabo los comicios generales que se celebrarán en menos de dos años. Esta estadística es sumamente grave. Ello implica que, aun cuando la organización y el conteo de votos sea realizado con probidad, no hay garantía de que estos sean aceptados por un porcentaje nada desdeñable de la población. Además –dado el alto número de partidos que pueden inscribir candidatos y el abultado número de aquellos otros que van camino a lograr lo mismo–, todo parece indicar que será una primera vuelta sumamente ajustada entre pequeños postulantes, en la que pocos votos podrían hacer la diferencia.
Es cierto que mucho del daño a la imagen de los organismos electorales –en particular, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)– proviene de las acusaciones de fraude en la segunda vuelta electoral del 2021 que nunca se probaron. Sin embargo, la actuación del JNE en el proceso dejó espacios abiertos para críticas, por ejemplo, al excluir candidatos por excesivas formalidades. Un escrúpulo que no mostraron, por ejemplo, al permitir la inscripción de un partido de una inspiración claramente antidemocrática como el que lidera Antauro Humala. Para muchos, un estándar que deja a la vista un doble rasero.
No se puede dejar de mencionar, además, la actitud del titular del JNE, Jorge Salas Arenas. Su respuesta a las críticas justificadas consiste en adjetivos y agravios. Este Diario se incluye entre quienes han recibido sendas cartas con este tenor de parte de Salas Arenas; una actitud inadmisible de quien ostenta un cargo tan importante. Así, ha llegado al extremo de quejarse, por ejemplo, de que hayamos recogido algunas opiniones de congresistas que critican su labor en el JNE. Nada de ello, por cierto, implica que las decisiones del JNE hayan favorecido o perjudicado indebidamente a algún candidato en elecciones previas, pero sí que el comportamiento del titular del ente electoral puede estar afectando seriamente la imagen de su institución. Por su lado, las idas y venidas en la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE han hecho que muchos lo consideren una pieza fundamental en la batalla que vienen librando el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, con el Poder Judicial de por medio. Aun cuando Corvetto no tiene responsabilidad personal en estas rencillas, muchos lo han terminado percibiendo como un funcionario alineado a uno de los sectores en disputa, lo que compromete la imagen de equilibrio y neutralidad que quien lidera la ONPE debería proyectar.
Esta semana, este Diario reportó que cerca de 60 partidos políticos podrían estar aptos para las elecciones del 2026. Incluso considerando que pudiesen incorporarse diversas alianzas, el caos futuro es casi una garantía. Tal y como está la situación, agregar mayor incertidumbre con autoridades de organismos electorales cuestionadas sería incurrir en un riesgo innecesario. No se trata, vale aclarar, de un porcentaje reducido y radicalizado de la población que dice desconfiar de quienes organizan las elecciones. Es la mayoría de la ciudadanía. Y es un porcentaje suficiente como para abrir el debate de si no sería más conveniente para la salud democrática del país renovar a dichos funcionarios.
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