Entre los extranjeros que recién aprenden hechos sobre la economía peruana, hay dos cuestiones que usualmente llaman la atención para un país de ingresos medios como este, una buena y una mala. La primera es la notable estabilidad macroeconómica del Perú a pesar de los vaivenes políticos. La segunda es la increíble proporción de trabajadores informales. Según las últimas estadísticas del INEI, siete de cada 10 trabajadores laboran sin contrato o registro. Dados los ingresos promedio por habitante en países similares, la cifra debería ser más cercana a cinco de cada 10.
Ayer, este Diario publicó un informe del Instituto Peruano de Economía en el que se resalta parte de las consecuencias de esta situación. El trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que el trabajador informal. Ello, por supuesto, se traduce en ingresos dispares. Aparte de las diferencias en educación productiva de cada trabajador, el acceso a mercados más amplios, créditos, protecciones legales, entre otros atributos de la formalidad, explican la mayoría de la brecha de productividad. De acuerdo con el estudio, los más afectados con la prevalencia de la informalidad y las condiciones precarias de empleo son los jóvenes.
¿Cómo promover mayor formalidad? No hay una sola respuesta, pero la primera parte de la ecuación consiste en elevar la productividad de los trabajadores y de las empresas de todo tamaño a través de mayor capital humano, infraestructura, predictibilidad legal, etc. Después de todo, emprendimientos y empresas poco productivas no están en condiciones de enfrentar los costos que demanda la formalidad. En este frente, propuestas del Congreso como la implementación del ciclo cero para el ingreso a las universidades a escala nacional juegan en contra de la capacitación que los profesionales demandan.
La segunda parte de la ecuación de la formalidad consiste en reducir los costos de acceso. Aquí también el Congreso viene legislando en el sentido opuesto. Las iniciativas para alterar la distribución de utilidades a los trabajadores, por ejemplo, incrementan los costos no salariales en un país en el que ya son excesivamente altos en comparación con nuestros pares regionales.
Si por algún motivo los argumentos económicos no son persuasivos para poner en agenda del Congreso la importancia de la formalidad, debería ser suficiente con señalar a la informalidad como uno de los facilitadores de la creciente criminalidad y espacios para la extorsión. El sector de transporte urbano es un ejemplo bastante claro de este mecanismo en acción. El Perú no puede aspirar a ser un país desarrollado y moderno con sectores mayoritariamente informales e indefensos. Después de tantos años de discusiones al respecto, Ejecutivo y Legislativo ya deberían haber tomado nota.
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