La informalidad laboral y la democracia

Muchos colegas economistas, otros científicos sociales y muchos aficionados utilizan el concepto de “informalidad” para explicar un sinnúmero de problemas que afectan al país. Desde problemas con supuestos poderes informales infiltrados en la política, problemas en la recaudación, el empleo, el medio ambiente y hasta el comercio ambulatorio.

Sin duda, la informalidad es un fenómeno que recorre a todo el país. Sin embargo, su uso generalizado e impreciso lo hace un concepto poco útil para el análisis y mucho menos para las propuestas de políticas para combatirla. Es mejor pasar a las definiciones.

Podemos decir que el sector informal no existe como un sector económico único y homogéneo. No es lo mismo la pesca informal, la minería informal y las diversas industrias y servicios informales. Lo único en común es que violan las leyes de su sector. Asimismo, no es lo mismo la informalidad laboral o la informalidad tributaria (que en verdad es parte de la evasión tributaria).

También se le confunde con actividades abiertamente ilegales, como por ejemplo el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal o la trata de personas. Por ejemplo, no está prohibido –per se– producir calzado, aunque está prohibido hacerlo violando las leyes del sector industrial, las leyes laborales y las leyes tributarias.

Más allá de normas relativamente transversales como las tributarias y laborales, existen normas sectoriales y para producción de menor escala. De esta forma, la tasa de producción informal varía de sector en sector, desde el 50% en la minería del oro hasta el 0% en la industria de los seguros. Ello lleva a un análisis más fino para poder enfrentarla con cierto éxito. Según el INEI, cerca del 18% del valor agregado (PBI) se hace en sectores económicos informales.

Tampoco se puede decir que el 70% de los trabajadores labora en el sector informal, porque un porcentaje no menor lo hace en empresas formales, solo que no cumplen las leyes laborales. De ser el caso, no existiría Sunafil. Esta institución no tiene cómo enfrentar a las empresas informales, pues no existen para la ley. No tienen RUC ni domicilio fiscal.

Un trabajador que no tenga aportes para la seguridad social (seguro de salud y pensiones) tampoco puede ser considerado automáticamente un informal-laboral, salvo que tenga un empleador. Sin embargo, un trabajador independiente no puede ser llamado informal-laboral, en el sentido estricto de que no viola ninguna ley laboral, la cual está hecha para regular las relaciones del trabajo. Relaciones entre un empleador y un empleado.

Reelaborando, si queremos atacar la informalidad en algún sector, tenemos que estudiar por qué se ha llegado a esa situación. Si son las normas del sector, son las normas laborales/tributarias o una combinación de estas.

Tampoco podemos decir que la informalidad ha tomado el Congreso. Habrá algunos impresentables, pero que no representan los intereses de los trabajadores informales y los independientes.

Veamos algunos números. Según la Enaho 2024, la población económicamente activa empleada llega a 18,9 millones de trabajadores. De ellos, 6,7, 5,5 y 3,7 millones son trabajadores independientes, informales y formales, respectivamente (el resto son empleadores, trabajadores familiares no remunerados y empleadas del hogar). Los salarios promedio mensual de los primeros son de S/1.027, S/1.371 y S/2.949, respectivamente. No tienen RUC el 91%, 47% y 0%, respectivamente. Y ahora que estamos en período electoral, ante la pregunta si saben qué es democracia, las respuestas negativas son: 60%, 46% y 23%, respectivamente.

Por otro lado, la población económicamente inactiva (personas mayores de 18 años que no trabajan ni buscan empleo) es de cerca de 7,5 millones de personas. El 52,8% de ellos responde que no sabe qué es la democracia.