El marco legal está construido en escalones, y cada escalón es un precipicio. Una microempresa que factura un poco más, que contrata un trabajador adicional, que decide pagar mejor, no sube gradualmente de nivel: cae de un régimen a otro y su carga tributaria y laboral se dispara de golpe sobre la totalidad de sus ingresos, no solo sobre el excedente. ¿Alguien se sorprende de que el 86,8% de las mype prefiera no registrarse en la Sunat? (Enaho, 2024)
El diagnóstico del proyecto de ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo es correcto: la informalidad no es una decisión cultural ni un problema de fiscalización insuficiente. Es una respuesta racional a un sistema que incentiva quedarse chico. Por eso, la propuesta no busca perseguir con más inspectores a las empresas, sino cambiar los incentivos para que crecer deje de ser un salto al vacío.
¿Cómo? Reemplazando la fragmentación actual –RUS, RER, RMT, Régimen General, más un régimen laboral distinto para cada tamaño de empresa– por dos esquemas únicos y progresivos.
En materia tributaria, el RUS se mantendría solo para su población original: bodegas, mercados de abastos, negocios de subsistencia. Todo lo demás migraría a un régimen único con tasas acumulativas de 1%, 5%, 10%, 15%, 20% y 30% sobre ingresos netos o utilidades, aplicadas por tramos, como ya ocurre con el Impuesto a la Renta de las personas naturales. Y las exigencias contables subirían de acuerdo con los ingresos o utilidades, no de golpe.
En materia laboral, la lógica es la misma: un solo régimen donde los aportes a salud y pensiones, la CTS, las gratificaciones y la participación en utilidades crecen progresivamente según el nivel salarial del trabajador, no según si la empresa factura 150.000 o 15 millones de soles al año, el umbral que hoy determina si un trabajador recibe los beneficios sociales completos o solo la mitad.
Ahora bien, cambiar estos incentivos no basta si la puerta de entrada al mercado sigue trabada. Por eso el proyecto incluye tres medidas que despejan las trabas para subir los primeros peldaños. (i) Se propone corregir el régimen de sociedad por acciones cerrada simplificada (SACS), que no llega ni al 0,5% de las empresas constituidas, y que fracasó porque no permite registrar actos societarios en línea, exige firma digital y es desconocida por los bancos; (ii) se crearía un mecanismo de garantías con cobertura parcial del riesgo crediticio para acceder al crédito, que complementa la evaluación de las entidades financieras; y (iii) se implementaría Licencia 0, una plataforma digital que centralizaría las autorizaciones y la acreditación de requisitos para operar, hoy dispersas entre entidades.
El giro conceptual es el mismo en las cuatro medidas. La unidad de diseño deja de ser el tamaño de las ventas y pasa a ser la utilidad para el régimen tributario y el ingreso salarial para el régimen laboral, y para que funcione, constituirse, financiarse y operar deben dejar de ser obstáculos previos a cualquier tramo tributario o laboral.
Pero las reformas tributaria y laboral deben aprobarse juntas, porque tocar solo una deja intacto el incentivo a la informalidad por el otro lado. Lo mismo aplica al paquete completo: de poco sirve un régimen tributario y laboral único si las SACS siguen sin usarse o Licencia 0 no llega a implementarse.
Hoy, casi 9 de cada 10 mype trabaja en la informalidad, no por pereza regulatoria del Estado en fiscalizar, sino porque la arquitectura legal de escalones y trabas les da todas las razones para quedarse ahí. La pregunta no es si el diagnóstico es correcto, sino si el Congreso delegará la facultad de rediseñar, de una vez, el sistema completo que el estado mismo construyó durante tres décadas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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