Editorial El Comercio

El país amaneció ayer con una serie de allanamientos en Lima a diferentes inmuebles relacionados con la Universidad Alas Peruanas (), con los herederos de quien fuera su fundador, Fidel Ramírez, y con el sobrino de este y actual alcalde de Cajamarca, , entre otros imputados. El operativo –que se extenderá durante las próximas dos semanas– implica la incautación de casi 300 bienes (entre los que se encuentran siete avionetas) por un valor que supera los mil millones de dólares y que el ministro del Interior, Vicente Romero, ha calificado como el caso de lavado de activos más grande en nuestro país después del que involucra a Rodolfo Orellana.

Este espacio no permite una descripción detallada de un caso sumamente complejo, pero es necesario hacer una descripción somera del mismo para entender por qué resulta tan importante. A grandes rasgos, esta trama se inicia con Fidel Ramírez, el fundador de la UAP, fallecido en el 2019, a quien el Ministerio Público le atribuye la comisión del delito de fraude en la administración pública contra los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (Alaspe). Según la tesis fiscal, Fidel y su esposa, Nancy Gallegos, habrían creado empresas fachadas para que simularan contratos con la UAP –fundada también por Fidel– con la finalidad de desviar el dinero de la cooperativa ocasionándoles a sus socios un perjuicio de más de US$52 millones.

Este dinero se habría luego insertado en el circuito económico (configurando así un segundo delito: el de lavado de activos) a través de una serie de movimientos (como la adquisición de inmuebles) para los que la presunta organización criminal habría contado con el apoyo de varias personas; entre ellas, el excongresista Joaquín Ramírez y sus empresas.

A estas últimas, las autoridades les atribuyen el hecho de haberse beneficiado de, entre otras cosas, supuestos préstamos de la UAP por un valor de más de S/8 millones que nunca fueron devueltos, de una venta de un inmueble sobrevalorado a la universidad, de haber suscrito contratos de arrendamiento con la UAP que fueron perjudiciales para la casa de estudios y de otros vínculos comerciales “irregulares” con la institución educativa. Pero eso no es todo.

Como se sabe, Joaquín Ramírez llegó a ser secretario general de Fuerza Popular (FP), el partido con el que Keiko Fujimori estuvo a punto de llegar a la presidencia en tres ocasiones y a la que la fiscalía le imputa –junto con su exasesor de confianza Pier Figari– haber constituido el “brazo político” de la presunta organización criminal cuya finalidad habría sido, siempre según la tesis fiscal, la de impedir que prosperasen en el Legislativo iniciativas que buscaban crear instituciones para supervisar a las universidades –como la Sunedu– y a las cooperativas en nuestro país. No olvidemos que fue la Sunedu la que precisamente detectó varias de las operaciones irregulares de la UAP y la que, finalmente, le denegó el licenciamiento en diciembre del 2019, golpeando directamente al corazón del presunto esquema criminal que habría permitido que un grupo de personas instrumentalizasen a la universidad para obtener réditos ilícitos.

Más allá de cómo termine este proceso, sin embargo, lo conocido hasta el momento permite sacar algunas lecciones valiosas. Primero, la importancia de la labor que viene realizando la Sunedu para terminar con aquellas ‘universidades’ cuya misión nada parece tener que ver con la difusión de conocimientos y la formación de profesionales. Segundo, lo vital que resulta, precisamente, protegerla de los intereses políticos que cada cierto tiempo buscan tumbársela o, cuando menos, menoscabarla y que muchas veces son impulsados desembozadamente por congresistas vinculados con universidades cuyo licenciamiento fue denegado. Y tercero, los riesgos de que el crimen o el dinero proveniente de este permee la política peruana y pueda llegar a ejercer, desde ahí, una gran influencia sobre las leyes y las instituciones de nuestro país.

Todo gran derrumbe genera una densa polvareda y el desplome de Alas Peruanas seguramente tendrá reverberaciones en nuestro sistema político que iremos conociendo con el paso del tiempo. Lo de ayer parece ser apenas una muestra de lo que vendrá.

Editorial de El Comercio

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