Editorial: Todos los defensores del presidente

Sin duda, el suceso local más importante de la semana pasada fue la orden de detención preliminar solicitada por la fiscalía contra una decena de exfuncionarios, algunos de los que habían estado trabajando muy cerca del presidente Martín Vizcarra hasta hace poco. Nos referimos puntualmente a Óscar Vásquez (exasesor del mandatario), Mirian Morales (ex secretaria general del despacho presidencial) y Karem Roca (exasistenta del jefe del Estado).

Ellos están incluidos en la investigación que viene realizando el Ministerio Público sobre los contratos que firmó el sector Cultura con Richard Cisneros –otro de los detenidos– durante la administración de Vizcarra por más de S/170.000.

En este Diario, hemos resaltado anteriormente que una persona debería ser privada de su libertad solo cuando se la ha encontrado culpable luego de un proceso en el que ha podido defenderse y, en esa línea, hemos criticado la frecuencia con la que algunos fiscales han pedido medidas procesales drásticas –como la prisión preventiva– sobre la base de indicios poco convincentes y sin preocuparse por acusar en un plazo breve.

Esa opinión, sin embargo, no parece haber sido una constante en el Ejecutivo, que en los últimos años ha sido bastante sobrio al momento de pronunciarse sobre las detenciones de otras personalidades. Ahora, no obstante, parecen haber descubierto súbitamente que la situación sí da para preocuparse… y mucho.

El mismo viernes, por ejemplo, el presidente declaró poco después de los arrestos. “No encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado, pero igual la respetamos. Y estamos seguros [de] que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluyan la investigación determinarán que no hay motivo de sanción; sin embargo, ya las honras quedarán manchadas”, afirmó, para luego cuestionar que la investigación se basara en un trabajador contratado “por un sistema de menor cuantía”, cuando “como ese hay miles”.

Además de ser inusitadamente severa, la declaración del presidente no se ajusta a la verdad. No es cierto que, como el caso de Richard Swing, haya “miles” en el Estado. En este, existe un informe de la contraloría que ha concluido que sus contrataciones fueron indebidas. Y en lo que respecta a lo de “menor cuantía”, habría que preguntarse si los contratos irregulares que firma el Estado solo deberían de preocuparnos cuando suponen el desembolso de millones de soles y no el de cientos de miles. ¿Qué más grave que una indagación que incluye a funcionarios que hasta hace poco trabajaban en el círculo del presidente?

Pero Vizcarra no ha sido la única voz del Ejecutivo que ha aireado su malestar por las detenciones. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que nos encontramos ante “una investigación que se está haciendo por un contrato de menor cuantía que se ha hecho a una persona, y tiene que haber proporcionalidad en las respuestas”. A su turno, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, hizo un llamado “al cumplimiento del debido proceso, […] porque el último recurso debe ser suprimir la libertad”. Mientras que la ministra de Justicia, Ana Neyra, sostuvo, reconociendo que no había revisado el sustento del caso, que “si el argumento son solo los audios, sí parece que hay una desproporción en la medida”. Un desfile de reclamos ministeriales abogando por el debido proceso y cuestionando la idoneidad de las acciones de la fiscalía que, como mencionamos líneas atrás, no habíamos visto antes.

¿Por qué ciertos ministros lucen bastante preocupados por las decisiones fiscales de un caso en concreto que no los compromete? La respuesta parece obvia: porque han detectado una onda expansiva que podría llegarle al mandatario y se han volcado a ensayar una estrategia de defensa. La pregunta, entonces, llega sola: ¿están los ministros en sus puestos para ejercer la defensa en casos de naturaleza penal que nada tienen que ver con ellos? Creemos que no, y que es mejor subrayarlo desde ahora.