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Editorial: Finalmente, el acuerdo

El camino que ha seguido el acuerdo con Odebrecht ha sido accidentado; lo que viene, sin embargo, no será sencillo.

Editorial

Equipo Especial Lava Jato

Los fiscales del equipo especial para el Caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, ofrecen una conferencia de prensa tras firmar el acuerdo con Odebrecht en Sao Paulo, el último viernes. (Foto: GEC).

Cuando el 3 de febrero del 2017, hace poco más de dos años, El Comercio reveló que la empresa Odebrecht había reconocido sobornos por un valor de US$20 millones al ex presidente Alejandro Toledo para la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur, varias especulaciones, hasta entonces medianamente gaseosas, empezaron a tomar cuerpo.

Entre estas la de que, como se había descubierto en otras latitudes, Odebrecht había repartido sobornos también en nuestro país y que las personas que podían dar información sobre los funcionarios y empresarios peruanos involucrados en sus prácticas eran, justamente, los trabajadores de la empresa que habían coordinado las coimas. Desde ese momento, se hizo imperativo que nuestra fiscalía llegase a algún tipo de convenio con la constructora a fin de que se vuelva más fácil para aquella desenredar toda la verdad.

Por ello, no deja de ser relevante lo conseguido por el equipo especial del Ministerio Público peruano para el Caso Lava Jato hace dos días.

En efecto, este viernes los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto con los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, acudieron al consulado peruano en Sao Paulo para –finalmente– cerrar el acuerdo de colaboración eficaz con representantes de la empresa Odebrecht. La concreción del documento, que permitirá que se realicen interrogatorios a varios ex altos funcionarios de la compañía y que contempla la entrega de información de los servidores encriptados My Web Day y Drousys (donde Odebrecht coordinaba el pago de las coimas en los países en los que operaba), no ha sido un camino fácil ni libre de cortapisas.

Es cierto que el acuerdo no ha estado exento de polémica y que hay quienes critican algunos de sus términos por considerarlos ‘concesivos’. Pero estos cuestionamientos no justifican el torpedeo sistemático que ha sufrido el equipo especial en los últimos meses en los que ha trabajado para finiquitar el convenio.

Ahí están, por ejemplo, las declaraciones que dio en diciembre pasado la congresista de Fuerza Popular (FP) Rosa Bartra –quien presidió la comisión parlamentaria destinada a investigar el tema– calificando el acuerdo como “un contrato de impunidad, un contrato que favorece absolutamente a los intereses de una empresa corrupta […] y al cual este gobierno aparentemente le está pagando por destruir a la oposición”. O la sentencia que dio semanas después el presidente Martín Vizcarra (“pienso que Odebrecht no debería seguir brindando sus servicios [...] en el Perú”), en lo que se leyó como una descalificación directa a una de las condiciones del arreglo.

Los torpedos, además, también vinieron desde el interior de la institución. Recordemos, en esa línea, el oficio que le envió el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a Vela –coordinador del equipo especial– para que le informara “sobre los presuntos cuestionamientos a las condiciones” del acuerdo (cuestionamientos que, por lo demás, solo habían salido de la bancada de FP). O la decisión del propio Chávarry horas antes del Año Nuevo de remover a Vela y a Pérez del grupo especial, y de amenazar con hacer público el documento amparándose en que “el 60% de peruanos quiere conocerlo”.

¿Quiere decir esto que el trabajo del equipo especial ha concluido con la firma del acuerdo? Por supuesto que no. A partir de ahora se abre para los fiscales destinados al caso –que tienen a su cargo 38 carpetas de investigación– un reto mayúsculo: demostrar, con resultados, que el convenio alcanzado siempre estuvo justificado. Esa será la mejor respuesta contra las críticas que seguirán llegando. Un trabajo para el que, además, no cuentan con mucho tiempo, habida cuenta de que algunas pesquisas –como la del ex presidente Ollanta Humala– llevan bastante en marcha sin resultados concretos.

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