Casi tres años han transcurrido desde que el entonces presidente Pedro Castillo intentó subvertir la democracia con un golpe de Estado a través de un mensaje a la nación. Desde aquella fecha, el exmandatario permanece detenido y ha enfrentado un juicio cuyo fallo se conocerá este jueves. Sin embargo, dejando de lado el tema judicial, el exmandatario también enfrenta un proceso de acusación constitucional en el Congreso de la República cuyo final se encuentra cada vez más cerca. Y es que, hasta la fecha, el golpista expresidente no ha sido aún sancionado políticamente por infringir la Constitución.
Ayer, la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente al exmandatario por los hechos acontecidos en el golpe de Estado. Durante la sesión, el abogado que designó Castillo, Carlos Torres Caro, fue expulsado después de agraviar al Congreso. Pero este incidente –sumado a las decenas de abogados que ha tenido para todos sus procesos tras su vacancia– revela algo más profundo: Castillo no tiene defensa porque es culpable. En los 13 minutos de alocución que tuvo, Torres Caro no refutó un solo cargo. No presentó una prueba que cuestionara el fallo. No articuló un argumento jurídico que desvirtuara la conclusión de culpabilidad. En su lugar, simplemente hizo demagogia.
El otrora jefe del Estado no fue un ciudadano indignado que cometió un arrebato; fue el autor de un golpe de Estado premeditado que, el 7 de diciembre del 2022, buscó cerrar el Congreso e imponer un régimen autoritario. Esto no es interpretación política. Es un hecho objetivo que fue transmitido en un mensaje a la nación.
Sin embargo, aquí lo grave –y que ha sido ya cuestionado por este Diario– ha sido la demora de un proceso que ha permitido que el detenido exmandatario se haya inscrito como precandidato al Senado. Permitir la participación electoral de alguien que ha demostrado su disposición a socavar la democracia constituye una amenaza para el sistema en su conjunto.
El Congreso debe actuar con prontitud. La ratificación de la inhabilitación debe ser procesada y votada por el pleno sin demoras adicionales. Cada día que transcurre sin completar este proceso envía una señal equívoca sobre la disposición de la democracia a defenderse de sus enemigos internos. Las instituciones democráticas deben demostrar capacidad para protegerse.
La inhabilitación de Castillo es también un mensaje: nuestra democracia no puede permitirse ser ingenua y quienes buscaron destruirla no merecen una segunda oportunidad dentro de ella.
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