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Para nadie es un secreto que la enfrenta serios problemas en sus esfuerzos de captura de delincuentes. Y las estadísticas de apresados, de hecho, suelen incluir mucho más acusados de delitos menores que de crímenes serios. Retrasos y errores en la fiscalía y en el Poder Judicial redondean la figura. Esa es una parte de la explicación del incremento de la ola en el país.

Por eso debería ser especialmente preocupante que los relativamente pocos delincuentes peligrosos que sí terminan sirviendo condena sean liberados antes de que se pueda garantizar su rehabilitación y siquiera cumplir su condena. A mediados del mes pasado, Jhon Smith Cruz Arce, excabecilla de la organización criminal Los Pulpos, salió del penal de Challapalca, en Tacna, a través de un hábeas corpus. La Corte Superior de Tacna aceptó el argumento de su abogado: ‘Jhon Pulpo’ merecía una reducción en su condena gracias a los estudios y trabajo realizados en el penal. Con su excarcelación inmediata, Trujillo y otras ciudades del país han puesto la voz de alerta ante el recuerdo de los secuestros, extorsiones y asesinatos liderados por Cruz.

El mismo mes, Jorge Luis Mansilla Paiva, alias ‘Panetón’, fue puesto en libertad debido a los beneficios penitenciarios concedidos. Él fue condenado por robo agravado, secuestro y asesinato a través de sus bandas criminales Las Hienas del Norte, Los Destructores, Los Injertos, entre otras de amplio conocimiento popular. Sus crímenes incluyen el homicidio de dos policías. ‘Panetón’ es uno de los delincuentes más violentos de la historia reciente y había sido condenado por el fuero militar inicialmente a cadena perpetua.

El INPE comete un grave error con estas y otras excarcelaciones. Los condenados por delitos graves no pueden aplicar a beneficios penitenciarios. Y subsiste un temor fundado de que los exreos podrían volver pronto a sus antiguas ocupaciones. A ‘Panetón’ incluso se le incautó celulares en su celda, pero aún así fue liberado 11 años antes de completar su sentencia.

Quienes hayan cumplido su justa condena tienen todo el derecho a reintegrarse a la sociedad de forma constructiva y pacífica. Pero lo que no se puede concebir es que, en pleno azote criminal en todo el país, las autoridades tomen decisiones a favor de la liberación de los peores criminales con pobres argumentos legales.

Editorial de El Comercio

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