En el sur se pasa mejor

La consolidada recuperación de la aprobación del presidente Pedro Castillo, que mostró la encuesta del IEP –29%, 10 puntos porcentuales más que en junio– (“La República”, 28/8/2022), ha llenado de sorpresa y desesperanza a la impaciente oposición extraparlamentaria. La que habita en el Congreso, en tanto, se debate entre la frustración (aquella que realmente se opone al oficialismo) y el decidido desinterés (los aliados explícitos y tácitos del Gobierno). La opinión pública, por su parte, parece marcada por añejos y revitalizados factores, que desdeñan el inédito caso de un mandatario en funciones que enfrenta numerosas investigaciones fiscales con sólidas evidencias.

El IEP, según lo reporta en su entrega, realizó un ejercicio multivariable para indagar por las razones y concluye que, “si bien la aprobación se mueve según sexo, área de residencia y nivel socioeconómico, al incorporar la variable ideología al modelo esta permanece como la única variable explicativa”.

Pero, aunque la ideología tiene, efectivamente, un peso relevante, no debe dejarse de mirar a las macrozonas; en particular, al sur, que alberga a casi un quinto del electorado (19,8%). Es en esta macrozona –que incluye provincias de costa, sierra y selva– donde se dan algunas reacciones que vale la pena reseñar.

El sur se consolida como bastión gobiernista, algo que ya podía verse en el sondeo de Ipsos-América TV. Según esta encuestadora, desde el inicio de su mandato, Castillo ha tenido entre 13 y 23 puntos porcentuales más que en el promedio general, llegando a casi duplicarla en abril (19% vs. 37%), el punto más bajo del mandatario.

El IEP, por su parte, reporta para agosto un 47% en el sur; 18 puntos porcentuales por encima del promedio general. Respecto a la entrega previa, de inicios de agosto, Castillo suma 14 puntos. Lo llamativo de la actual entrega es que el sur es la única macrorregión donde la aprobación y desaprobación de Castillo están igualadas.

Otra particularidad del sur es la mayor desconfianza hacia los actores que encabezan la acción fiscalizadora en torno de los serios indicios de corrupción por parte del presidente Castillo y su entorno. En el promedio nacional, casi un tercio de los encuestados manifiesta confiar “nada” en la labor de la fiscalía, el Poder Judicial y los medios de comunicación (30%, 32% y 30%, respectivamente); la cifra sube entre cinco y 10 puntos en el sur (38%, 37% y 40%, respectivamente).

Es claro, pues, que el debate recurrente en Lima –plasmado en las ubicuas preguntas “¿llega a fin de año?” o “¿durará hasta el 2026?”– es una muestra más de aquella distancia que separa a la capital del país en su conjunto y que parece tener un epicentro en el sur. Mientras en Lima se está a la espera del dato fulminante que puedan brindar las investigaciones en torno de las nocivas acciones del mandatario, fuera de la capital prevalece un ánimo indiferente, cuando no indulgente. Hacen falta trabajos de profundidad para poder encontrar los factores detrás de estos datos. Pero lo claro es que las motivaciones demandan un acercamiento multidisciplinario, que repose sobre sólidas evidencias sociales o económicas.

Mientras tanto, seguramente será al sur donde el mandatario seguirá recurriendo para consolidar su respaldo, sobre todo cuando la fiscalía llama a la puerta y él reacciona deshaciéndose de sus oponentes, en una acción nociva y decidida a romper el empate en el que el país político se hallaba, como bien lo describe Omar Awapara (El Comercio, 31/8/2022).

A tono con su atribulado presente, el presidente Castillo quizás pueda entonar aquella setentera canción de Rafaella Carrá: “Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión / Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor”.