La estrategia de Alan García, por Fernando Rospigliosi

Aunque Alan García agradeció al Congreso por haberlo exculpado de la acusación de enriquecimiento ilícito, tratando de minimizar los daños, la verdad es que la semana que pasó ha recibido varios golpes que pueden contribuir a debilitar sus posibilidades electorales para el 2016. 

Es cierto que los tres informes de la megacomisión del Congreso recién aprobados son endebles y carecen por ahora de consecuencias legales, como han señalado ayer el editorial de El Comercio y el analista Pedro Tenorio en Correo, pero desde el punto de vista político van sumando elementos que refuerzan el halo de corrupción que persigue a García desde su primer gobierno y que ahora está siendo confirmado y remachado por nuevas informaciones.

No solo muy cercanos colaboradores en su segundo gobierno como Luis Nava (su secretario y hombre de confianza en Palacio, luego ministro y candidato) y Aurelio Pastor (congresista y ministro, ya sentenciado a prisión por otro caso) han sido denunciados por el Congreso, sino que nuevos reportajes que van apareciendo sobre el “hombre del Porsche”, el hasta hace algunos días aprista Gerald Oropeza, revelan que el partido de García tiene un especial atractivo para gente vinculada al mundo del delito.

El padre de Gerald, Américo Oropeza, dirigente aprista fue asesinado por un sicario en el 2011. Los hermanos de la víctima acusaron a la esposa, de la que estaba separado, y los hijos, del crimen. El abogado de Gerald Oropeza fue otro aprista, Miguel Facundo Chinguel, quién además se convirtió en propietario de parte de las empresas de la familia, que no dejaron de prosperar.

Facundo Chinguel, que está ahora preso por el caso de los ‘narcoindultos’, fue defendido por García hasta el final, y se dice que cuando fue interrogado en la megacomisión el ex presidente llegó a afirmar que ponía las manos al fuego por la inocencia de su colaborador y conmilitón. 

Ahora resulta que el cliente y socio de Facundo Chinguel, Gerald Oropeza, el de los lujos extravagantes, poseía una impresionante fortuna por su vinculación al único negocio que no es afectado por el enfriamiento de la economía, el narcotráfico, según reportajes de “La República”, El Comercio y otros medios.

Para cerrar el círculo, la mansión donde vivía Gerald, que fue incautada a José Enrique Crousillat, fue entregada de manera irregular el 2007 por el gobernador aprista de La Molina Ángel Vera, candidato a regidor en la lista aprista de Enrique Cornejo en el 2014, con quien aparece sonriente en un cartel de propaganda con la consigna “Lima sin delincuencia” (al final Vera fue retirado porque tenía una condena). Aunque Oropeza se hizo del palacete recién en este gobierno.

No obstante, todo indica que aunque se aprueben los dos informes de la megacomisión que faltan, no se llegará a la inhabilitación de Alan García, que le impediría postular el próximo año, como al parecer fue la intención de la pareja presidencial al iniciar el proceso. Eso habría creado un problema muy grave y quizás hubiera puesto en peligro el proceso electoral.

Pero los adversarios de García tienen abundante munición para dispararle durante la campaña.

Al ex presidente eso parece no preocuparle mucho. Desde su segundo gobierno ha esbozado públicamente una teoría que puede resumirse así: a la mayoría de los electores no les perturba si los candidatos o gobernantes son presunta o realmente corruptos, lo que les importa es que hagan obras. Por eso desde finales de su mandato se dedicó a difundir el mito de las 150.000 obras, que usará profusamente en la campaña.

Probablemente el triunfo de Luis Castañeda, después de la encuesta de Datum que lo mostraba como un político que “roba pero hace obra”, haya reforzado esa idea en García. Así como las encuestas que hace la ONG Pro Ética que muestran que los peruanos son cada vez –y en una alta proporción– más tolerantes a la corrupción.
¿Tiene razón García? ¿Podrá usar su excepcional capacidad oratoria y su extraordinaria habilidad política para sortear los obstáculos descritos?

Es difícil saberlo a ciencia cierta en un país tan desinstitucionalizado como el Perú. Pero probablemente dependerá mucho de la capacidad de sus adversarios para usar el tema. Porque la verdad es que la corrupción es un punto clave de la agenda electoral.