Cusco: las claves del conflicto social entre la población de Espinar y la mina Antapaccay

Las recientes protestas y hechos de violencia reportados en los últimos días en la provincia de Espinar, en Cusco, reavivaron las tensiones en un tramo del corredor minero del sur, que une las principales zonas productoras de esta región, con las de Apurímac y Arequipa. El año pasado esta ruta se hizo conocida por los bloqueos realizados por parte de comunidades contra la empresa minera Las Bambas.

Ayer, luego de una semana de manifestaciones que dejaron al menos tres heridos y cuatro detenidos, los representantes de Espinar solicitaron la conformación de una comisión integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), jefes de otras carteras y miembros de la iglesia católica, para encontrar una salida al conflicto social que se presenta en esta localidad. De esta manera, dicho escenario se perfila como uno de los primeros desafíos que afrontará el nuevo gabinete encabezado por el Primer Ministro, Pedro Cateriano, en medio de la pandemia del coronavirus.

A continuación, se presentan los principales aspectos que caracterizan la reciente controversia desatada en la zona sur.

El reclamo

Desde el 15 de julio, los moradores de los ocho distritos de Espinar acatan un paro indefinido contra la empresa minera Glencore-Antapaccay, a la que exigen el pago de un bono de S/1.000 para cada adulto elector (mayor de 18 años) debido a la crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19. El costo estimado de esta medida bordea los S/50 millones.

Las comunidades demandan que esta iniciativa sea financiada usando los fondos del Convenio Marco de Espinar, un instrumento que fue suscrito en el 2003 por los representantes de la provincia y por la empresa BHP Billington, que operaba la mina Antapaccay en ese tiempo. Este mecanismo compromete a la compañía a entregar el 3% de sus utilidades antes de impuestos cada año para financiar proyectos de desarrollo sostenible en esta localidad. Según información de Glencore, este fondo cuenta con aproximadamente S/134 millones.

La empresa se ha mostrado en desacuerdo con la entrega del bono en efectivo dado que “no cumple con el objetivo de financiar el desarrollo sostenible” que establece el documento. Teresa Charca, superintendenta de Comunicaciones de Antapaccay, indica que la iniciativa tampoco toma en cuenta variables de pobreza o vulnerabilidad que determinen la asignación de los recursos.

La ejecutiva agrega que los fondos del marco ya están asignados para una serie de proyectos que previamente han sido aprobados en talleres participativos con la población.

“Si se destinara estos S/50 millones para el bono por elector, de hecho se afectarían otros proyectos (...) Hay una serie de criterios para aprobar los proyectos que se estaría vulnerando eso si esta iniciativa se aprueba”, explicó.

Disturbios reportados

La violencia escaló la mañana del miércoles cuando la Policía interceptó a manifestantes que intentaban ingresar a las instalaciones del campamento minero, ubicado en el centro poblado de Tintaya-Marquiri. El hecho dejó unos tres heridos además de la quema de pastizales y la destrucción de una planta de agua que abastece a comunidades aledañas.

Los dirigentes de Espinar responsabilizaron a la empresa por la situación y aseguraron la existencia de infiltrados que distorsionan su lucha. Tras el incidente, el presidente del Comité de Gestión de Convenio Marco y alcalde de Espinar, Lolo Arenas, exhortó a la población a que se identifique y denuncie a las personas que causen violencia.

“Hermanos estamos en un contexto de diálogo, mantengamos calma y paciencia, hay algunos infiltrados que podrían propiciar caos, si detectan algún infiltrado inmediatamente hay que ubicarlos y entregarlos a la policía”, invocó la autoridad edil en aquel momento.

Dos días antes, el lunes 20 de julio, se registraban las primeras hostilidades en el corredor minero. Dos camiones que circulaban por la ruta fueron apedreados y quemados por las personas que protestaban en el lugar.

Ambos sucesos motivaron que la alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, junto con la Defensoría del Pueblo suspendieran las conversaciones con los comuneros y la empresa. “Queremos seguir manteniendo el diálogo, pero si no logramos el cese de la volencia no podemos”, señaló la funcionaria el pasado miércoles.

¿Solución a la vista?

Si bien aún no hay una salida para el entrampamiento, Charca anuncia que la empresa emprenderá proyectos de atención alimentaria, provisión de medicinas y equipos de protección personal para la población de Espinar.

“Lo otro es el fortalecimiento de los comedores populares que significaría la dotación de alimentos durante seis meses. El otro tema es el acceso a internet para los estudiantes, libre y gratuito para los ocho distritos. Y luego liquidez, créditos para pequeños y medianos empresarios”

La empresa calcula que la inversión en estas medidas ascendería a un monto de S/27 millones.

Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, ambas partes coinciden en que se requiere un aporte económico excepcional frente a la situación de pobreza y pobreza extrema de un gran sector de la población; sin embargo, la discrepancia aún se mantiene en la forma en que se debe entregar.

“En ese punto se han trabado. El alcalde propone que la entrega del dinero en efectivo sea para todos los electores de Espinar y es ahí donde el asunto se vuelve un poco discutible, porque de lo que se trata es de apoyar a quien más lo necesita, no a quienes pueden solventar con sus propios ingresos esas situaciones difíciles. Hacer esa entrega universal significaría que ese dinero pueda ir también a manos de quienes tienen fondos propios para enfrentar la situación critica de la pandemia”, explica.

El funcionario añade que los dirigentes deben deslindar de los grupos que han ocasionado los hechos de violencia registrados para recomponer el proceso de diálogo que se venía realizando.

“La razón fundamental es que esta no es una negociación solo entre la dirigencia y la empresa. Es un asunto de interés colectivo porque ya se han producido movilizaciones enfrentamientos, hay tres heridos y se ha vuelto un problema en el que tiene que intervenir el estado, no solo en el restablecimiento del orden público, sino también a nivel del proceso de diálogo”, opina Luque.

Zona con conflictos

Según el último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría, actualizado al mes de junio, aún existen seis conflictos sociales activos adicionales que están relacionados con operaciones la zona minera del sur. Entre estos se encuentran tres relacionados a la mina las Bambas, en Apurímac (Cotabambas, Yavi Yavi y Velille); uno con el proyecto Utunsa de la empresa Anabi, también en Apurímac; uno relacionado con la empresa Southern Perú en la provincia de Islay (Arequipa); y uno relacionado con la empresa Hudbay en la localidad de Coporaque (Cusco);

Luque señala que el conflicto en torno a Las Bambas está incluido dentro de los 30 casos que deben ser atendidos por el Estado en el corto plazo.

“En Las Bambas hemos tenido [a través de la Defensoría] una participación directa y donde el diálogo se interrumpió en marzo. Hay que retomarlo porque hay que tomar decisiones respecto de la carretera que cruza toda esta zona, de las personas denunciadas por delitos de disturbios y cuyas investigaciones están en curso en la Fiscalía. Ahí también el Ministerio de Justicia adquirió el compromiso de revisar y hacer propuestas a partir de los expedientes, los temas relacionados con la contaminación. Es una agenda larga que hay que ver con mucha urgencia”, explica.