Los representantes de las comunidades ubicadas en la provincia de Espinar (Cusco) solicitaron la conformación de una comisión integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), jefes de otras carteras y miembros de la iglesia católica, para encontrar una salida al conflicto social que se presenta en esta localidad.
Desde el 15 de julio, los moradores de los ocho distritos de Espinar acatan un paro indefinido contra la empresa minera Glencore-Antapaccay, a la que exigen el pago de un bono de S/1.000 para cada adulto elector debido a la crisis económica ocasionada por el COVID-19.
Por su parte, la empresa mostró su desacuerdo con la entrega del bono en efectivo, dado que “no cumple con el objetivo de financiar el desarrollo sostenible” firmado en el convenio marco con la comunidad.
Sin embargo, señaló que emprenderá proyectos de atención alimentaria, provisión de medicinas y equipos de protección personal para los afectados por la enfermedad.
La protesta se tornó violenta la mañana del miércoles, cuando la policía interceptó a manifestantes que intentaban ingresar al campamento minero, en el centro poblado de Tintaya-Marquiri. El hecho dejó tres heridos, además de la quema de pastizales y la destrucción de una planta de agua.
Ante los actos de violencia, la alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, además de la Defensoría del Pueblo, suspendieron la conversaciones con los comuneros y la empresa. “Queremos seguir manteniendo el diálogo, pero si no logramos el cese de la violencia, no podemos”, sostuvo la funcionaria.
Desde horas de la mañana, alrededor de dos mil comuneros de Espinar marcharon con banderas blancas en Yauri, capital de la provincia de Espinar, contra la empresa minera Glencore – Antapaccay. Asimismo, continuaron los piquetes y bloqueos en el corredor minero, salidas y diversos puntos de Espinar.
Los comuneros se concentraron en la plaza central, donde improvisaron un mitín para exigir que las autoridades policiales esclarezcan las presuntas detenciones irregulares registradas la noche anterior.
El coronel Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, negó la existencia de detenidos por las manifestaciones y confirmó también que mediante evidencias se viene identificando a los responsables de los disturbios originados en estos últimos días.
“No hay ningún detenido. En nombre de la protestas sociales se está cometiendo este tipo de desmanes, son ilícitos penales, el ataque a las fuerzas del orden, a la propiedad privada, tendrán que responder los responsables. Hay un proceso de investigación que se abrió desde el inicio de huelga, tenemos evidencias, las cuales están en investigación para identificar a aquellas personas que están azuzando, originado estos desmanes” aseveró Castillo.
La empresa Antapaccay ha mostrado su desacuerdo con el pedido de un bono en efectivo por parte de la población de Espinar, en razón de que no cumple con el objetivo de financiar desarrollo sostenible que tiene el convenio marco con la comunidad. Voceros de la minera indican que habría una evidente inequidad en la distribución porque se plantea entregar el dinero a electores (no familias), por lo que no se garantiza una atención adecuada y justa de las necesidades de la población más vulnerable.
Antapaccay sostiene que Espinar es una provincia con baja bancarización, y la entrega de un bono implicaría un gran esfuerzo logístico con estrictos protocolos de bioseguridad, lo cual requiere de una empresa especializada con alto estándares. En su lugar, el Comité de Gestión seleccionó a una empresa local dedicada al transporte de concentrados, sin la experiencia y capacidades necesarias para llevarla cabo.
Desde el 2003 la minera Antapaccay entrega el 3% de sus utilidades al denominado convenio marco de Espinar. Con esos recursos se financian proyectos de desarrollo sostenible para la provincia, como obras de desarrollo social (educación, salud, producción o infraestructura). Dichos proyectos tienen que pasar por consenso del comité de gestión.
A la fecha, el convenio marco ha recibido cerca de S/380 millones de Antapaccay y ha financiado más de 1.000 proyectos de desarrollo entre los que figuran proyectos de gran envergadura como la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, la Planta de Lácteos de Espinar y la Planta de fibra y lana de Espinar.
En la actualidad, hay S/131,8 millones en la caja del convenio. De ellos, S/45,4 están asignados a la culminación de proyectos actuales. Los S/86,4 millones restantes ya han sido asignados a los distritos de la provincia, quedando pendiente la determinación de proyectos específicos. El 70% de los recursos es para proyectos de alcance distrital y el 30% para proyectos de impacto provincial e hídricos.
Otra de las exigencias del pueblo de Espinar que el Ministerio de Energía y Minas a no apresure el proyecto de ampliación Coroccohuayco de la minera Antapaccay, sin realizar una correcta consulta previa y estudio de impacto ambiental.
Por otro lado, demandan justicia ambiental y atención urgente a los moradores afectados con metales tóxicos en el cuerpo. También exigen la reestructuración de la fiscalía provincial de Espinar.
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