La minería ilegal avanza en la frontera de Ecuador sin control

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Suyo es uno de diez distritos de la provincia de Ayabaca que concentra la mayor cantidad de mineros ilegales de la región. Solo hasta el 2019 , la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) estimaba que el 70% de 10 mil mineros ilegales e informales de Piura estaba en Suyo. Ese año, el crimen del dirigente campesino Wilbelder Ángel Vegas Torres, férreo opositor a la minería ilegal que había solicitado garantías para su vida por las continuas amenazas en su contra, evidenció –ya tarde – el nivel de violencia e impunidad alrededor de la minería ilegal y la desprotección de los defensores ambientales. La situación no ha cambiado desde entonces.

Una intervención realizada en diciembre del año pasado por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana inutilizó cuatro minas de oro ilegal, cuyo procesamiento se realizaba en pozas de sedimentación y de cianuración.

“A veces hay intervenciones, pero los mineros ilegales regresan. Los detienen, vuelven y lo peor es que todo el mundo los ve”, cuenta a este Diario un testigo que prefiere mantener su nombre en reserva. Una de esas zonas “visibles” es el río Macará, en cuya ribera se han encontrado varias retroexcavadoras que extraen material y desvían el cauce. En mayo pasado las rondas campesinas intentaron detener a los responsables, pero fue en vano.

Según el alcalde, se tratarían de mineros ilegales procedentes de Ecuador que operan en ambos lados del río. Una intervención realizada por la Agencia de Regulación y Control de Energía de dicho país, realizada en febrero pasado, confirmó que en el lado de su país no hay concesiones mineras.

“Es un tema bastante complicado por ser frontera. Ellos traen maquinaria pesada y hacen lagunas para amontonar el material. Las rondas campesinas, con justa razón, tratan de erradicarla y reciben todo tipo de amenazas”, dice Troncos. El principal temor es que la contaminación por mercurio y cianuro alcance la cuenca del canal Quiróz, que irriga el reservorio de San Lorenzo de uso agrícola. “No solo afecta a la parte alta sino también a la población abajo que reciben agua del reservorio. Los más afectados son del caserío de Cucuyas”, añade.

En mayo pasado, la policía ecuatoriana realizó una intervención contra minería ilegal en el sector de Vicin, ubicado a 30 minutos de Macará. Detuvieron a 27 personas, entre ecuatorianos, peruanos y colombianos.

BAJO AMENAZA

A menos de 200km de distanciad de Suyo, las comunidades awajún y wampis en el Cenepa, distrito de Amazonas que limita con Ecuador, viven una situación similar. El 22 de mayo pasado, la misma población, representada en el Comité de Autodefensa Indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), intervino un campamento de minería ilegal ubicado entre las comunidades nativas Tutino y Pagki. Ese día siete mineros ilegales fueron puestos a disposición de la fiscalía, pero liberados horas después.

“Lamentablemente la actuación del Estado para erradicar la minería ilegal y para salvaguardar la seguridad de la población indígena en la zona ha sido realmente deficiente”, explica Patricia Tipián, representante de la Adjuntía para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Luego de la intervención de la comunidad, los mineros ilegales volvieron en mayor cantidad y con ello aumentaron las amenazas.

Si bien la ubicación geográfica de frontera hace difícil la atención inmediata del problema –que se intensificó con la pandemia–, Tipia sostiene que la falta de recursos hace infructuoso cualquier intento de erradicación.

“No se cuenta con presupuesto para llegar a la zona y realizar acciones de interdicción. Se requiere presencia policial en la zona permanente para brindar seguridad tanto a la población como a los defensores ambientales que están poniendo en riesgo su vida para este proteger nuestros recursos naturales”, dice.

A fines de mayo, Augostina Mayan Apikai, lideresa ambiental y dirigente de ODECOFROC, viajó a Lima para denunciar las amenazas que vive ella y su comunidad por oponerse a la minería ilegal. “Cenepa es considerado de extrema pobreza, con la pandemia ha sido que han ingresado [los mineros ilegales] justificando por hambre, por necesidad de salud, necesidad de educación”, dijo entonces a Canal N. Por eso la erradicación necesita una intervención integral con promoción de actividades productivas sostenibles y atención a las demandas sociales.

El 2 de junio, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, anunció que se fortalecería la lucha contra la minería ilegal y la tala ilegal en la provincia de Condorcanqui, donde se encuentra El Cenepa, con la ejecución de operaciones policiales y militares. Dijo que iba a proponer una declaratoria del Estado de Emergencia en dicha provincia para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Hasta la fecha el anuncio no se concreta.